La propuesta legislativa dispone un aumento en la proporción de asignaciones a través de subastas públicas, pasando desde un máximo de 15% por pesquería, como ocurre bajo la normativa actual, a un 50% del total de la fracción industrial.
Frente a este escenario, agrupaciones de trabajadores del sector, muestran dan a conocer su inquietud, el presidente del Sindicato de Oficiales y Tripulantes Crustaceros de la región de Coquimbo, Manuel Díaz, explica que “las cuotas de captura que nos dan todos los años las van a disminuir; lamentablemente, nos van a perjudicar a nosotros. Por lo menos acá, en la zona, son unas dos mil personas las que trabajan en el camarón y langostino: gente tripulante, de plantas y todo lo que involucra los muelles pesqueros. Estamos preocupados por esta situación”.
Además, el dirigente señala que, “la pérdida de derechos de pesca para los armadores actuales implicaría que solamente podría salir al mar durante seis o siete meses al año, quedando parada el resto del tiempo. Como consecuencia, todo el resto de la cadena de producción, incluyendo los servicios de muelles, carga y descarga, plantas de proceso, transporte, entre otros, también se vería impactado”.
Según Díaz, el sindicato se ha comunicado formalmente con miembros del Senado, sin obtener respuesta, pero pretenden continuar sus gestiones para ser escuchados por el Gobierno y el Congreso Nacional.
Cabe indicar que el proyecto de ley fue ingresado por el gobierno el pasado 2 de enero y contiene 375 artículos más 28 disposiciones transitorias, introduciendo una serie de cambios para las actividades económicas que se desarrollan en ámbitos de la pesca y acuicultura.
Fotografía: AIP Coquimbo