Como una «oportunidad para introducir mejoras y ratificar los avances de sostenibilidad en la actual legislación», calificó la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) la revisión de la Ley de Pesca encargada por el Gobierno a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).
«Hasta aquí se ha tomado una actitud diligente sometiendo la norma a los criterios de este organismo internacional, que ha demostrado ser una institución que fundamenta sus resoluciones en hechos y en criterios técnicos. Nosotros estamos porque la ley se perfeccione con el propósito de resguardar el mar y sus recursos para los chilenos», argumentó Luis Felipe Moncada, presidente del gremio pesquero de la zona centro-sur del país.
El ejecutivo insistió que la actual Ley de Pesca se configuró tras un largo proceso legislativo que se votó en el Congreso por distintos actores políticos y que ha permitido una actualización de los cuerpos normativos que rigen el quehacer del sector, «al estándar de las legislaciones pesqueras más avanzadas del mundo, ya que su foco es la sostenibilidad y la recaudación de ingresos para beneficio del país».
Caso Corpesca
Moncada sostuvo que la opinión pública sabe que el senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi enfrentan investigaciones judiciales que han sido vinculadas a la empresa Corpesca y a la tramitación de la institucionalidad pesquera vigente. En este sentido, subrayó que «debe investigarse y los tribunales actuar, sin embargo, es impensable que en Chile un sector pudiera haber corrompido al Congreso en su totalidad para obtener una ley beneficiosa solo para sus intereses. Eso no existe, porque esta ley fue votada transversalmente por legisladores de distintas corrientes políticas y zonas del país», apuntó.
«El sector industrial espera que la evaluación de esta normativa por parte de la FAO pueda incluir en sus conclusiones distintos aspectos, como mejorar las atribuciones para erradicar la pesca ilegal, asegurar la plataforma social para los trabajadores del sector, disminuir la sobreinversión artesanal a través de la compra de las inscripciones de pesca por parte del Estado, entre otros puntos», enfatizó Luis Felipe Moncada.
De igual manera, el timonel de la Asipes valoró que por primera vez en la «historia legislativa pesquera la conformación y distribución de las cuotas de pesca no ha quedado al arbitrio político de las autoridades sectoriales pesqueras y ha sido traspasado a los Comité Científico-Técnicos. Estamos frente a una ley que apunta directamente a la conservación de los recursos pesqueros y estaremos atentos a las recomendaciones de la FAO, para seguir trabajando en esa dirección», subrayó el presidente gremial.
Licitaciones
Desde su perspectiva, la coyuntura política por la que atraviesa el país «ha sido aprovechada» por quienes intentaron en la pasada discusión de la Ley de Pesca incluir las licitaciones de los recursos. A su juicio, de existir la subasta se permitiría que grupos extranjeros puedan participar de recursos alimentarios del mar que «son de los chilenos».
«No queremos que potencias pesqueras internacionales acaparen recursos pesqueros del país. A estos grupos les molesta esta legislación, porque es una ley conservacionista, donde lo científico y técnico tiene mucho poder sobre las cuotas y sobre el resguardo del patrimonio pesquero para las pesquerías chilenas», argumentó Moncada.
Aseveró que quienes están por las licitaciones internacionales «son la pesquera noruega Lota Protein, ubicada en la comuna del mismo nombre en la Región del Biobío y otras dos organizaciones creadas para estos fines: la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros A.G. (Pymepes) y el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp)».
«Ellos han intentado instalar la idea que la industria pesquera no paga a Chile tributos por capturar los recursos naturales renovables. La actual ley establece patentes y royalty que en su conjunto en 2014 le han significado al sector pesquero aportar más de $6.800 millones al erario nacional. También instalaron el concepto de las ‘Siete Familias’ dueñas del mar chileno, sabiendo que en nuestro país son más de 40 las empresas que operan formalmente con acceso a recursos y cuotas pesqueras», concluyó Moncada.