La pesca artesanal en distantes sectores costeros de la Región de Aysén, sumado al aporte de la acuicultura a la productividad local, cuentan con el rol del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para el resguardo de la sustentabilidad del sector y de los recursos hidrobiológicos. Para optimizar esta labor, en los últimos días la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca modernizar y fortalecer el ejercicio de la función pública de la mencionada entidad.
Al respecto, el seremi de Economía de la Región de Aysén, Mark Buscaglia, aseveró que el proyecto de ley forma parte del compromiso asumido por la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para contribuir a la sustentabilidad de nuestras pesquerías. “La ilegalidad es inaceptable, la falta moral también lo es. No podemos permitir que se extraigan recursos pesqueros sin considerar aspectos relacionados con la sustentabilidad, las condiciones sociales regionales como los puestos de trabajo que necesitan nuestras empresas regionales, o la necesidad de mejorar las condiciones de cientos de trabajadores”, expresó la autoridad. Añadió que “este proyecto asume la necesidad de mejorar la fiscalización de las actividades productivas asociadas a nuestro mar».
La propuesta legal, enviada al Senado a segundo trámite, establece el pago de una asignación mensual al personal de planta y contrata del Sernapesca, en una medida que busca retribuir y fortalecer el cumplimiento adecuado de las nuevas responsabilidades del personal. La dotación se adecuará para mejorar el trabajo en materia de inocuidad alimentaria con el fin de facilitar el comercio exterior, potenciando a la vez el análisis de las prioridades de fiscalización.
Mejor control de la pesca ilegal
El proyecto de ley también modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para optimizar las facultades del Servicio en el combate a la pesca ilegal. Además, se establecen nuevas obligaciones para los agentes pesqueros que completen la información requerida para realizar el seguimiento de las capturas en los procesos posteriores a la captura (trazabilidad) y se incorporan figuras infraccionales y delictuales específicas que sancionan conductas particularmente graves cometidas principalmente en las etapas de procesamiento, elaboración, almacenamiento y comercialización.
Para Cristian Hudson, director regional de Sernapesca en Aysén, el proyecto de ley, junto con mejorar las condiciones laborales a los más de 900 funcionarios del servicio, ratifica el cambio mediante el cual el Estado abordará la situación de las pesquerías y el control de los océanos. “Esta iniciativa nos entrega nuevas atribuciones que nos permiten acceder a nuevas áreas de control, así como solicitar nuevos requisitos para acreditar el origen legal de los productos pesqueros y acuícolas”, dijo.
“Este proyecto permitirá además entregar gradualidad a muchos los procesos sancionatorios estableciendo el beneficio económico de lo obtenido como elemento importante de juicio, incorporando y definiendo además en la Ley de Pesca el concepto de pesca ilegal. Frente a esto, y a partir de la aprobación de esta ley, se considerará como delito toda aquella asociación ilícita que se cree y opere con fines de extraer transportar y, fundamentalmente, comercializar productos provenientes de pesca ilegal. Con ello, se busca reforzar las acciones de fiscalización y sanción en los eslabones más altos de la cadena de valor de la pesca ilegal, que es donde se obtiene la mayor retribución económica de la esta actividad”, añadió el funcionario.
Hudson precisó que “este proyecto es el comienzo de un cambio en la forma en que el Estado de Chile abordará la situación de las pesquerías y el control de los océanos; cambio que no es sólo urgente a nivel nacional, sino que a nivel global, tal como ha quedado reflejado en la Segunda Conferencia mundial Nuestro Océano realizada en Valparaíso en 2015 y en las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas”.