Un llamado a desarrollar procesos participativos con mecanismos adecuados, es el que hizo la gobernadora regional de Aysén, Andrea Macías, posterior a la votación por parte de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) en Aysén que rechazó las solicitudes de Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO), realizada por dos comunidades de la región de Aysén, que alcanzaba las 600.000 hectáreas de territorio en total.
“Independientemente del resultado de la votación de la CRUBC, lo que la región de Aysén necesita es iniciar un trabajo conjunto con el Gobierno nacional para llevar adelante procesos participativos con mecanismos adecuados. No es admisible que cualquier Gobierno se tome 8 años para tramitar algo y luego pretenda exigir una respuesta en 30 días bajo el argumento de que si no hay pronunciamiento, hay silencio administrativo”, manifestó Andrea Macías, gobernadora regional de Aysén.
Respecto a la votación de la CRUBC expresó que “yo creo profundamente en el espíritu de la Ley Lafkenche, sin embargo, es relevante entender cuál es el objetivo con el que nace esta ley y además ser conscientes de la capacidad de administración que se tiene para estas distintas áreas”.
En tanto, el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, afirmó creer “en la armonización del uso del borde costero y en la coexistencia de todos quienes puedan hacer un uso sostenible en el sur austral de Chile. Por tanto, en nuestra región hemos impulsado los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), pero buscamos que estos lleguen a acuerdos con los actores mitilicultores, acuicultores en general y la pesca artesanal en particular, para efectivamente hacer un uso sostenible y coexistente a través del diálogo y no de la imposición”.
“Creo que la decisión que ha tomado la Comisión Regional de Uso del Borde Costero en Aysén es acertada. No puede ser que al amparo de una ley que no tenía como espíritu la imposición de nadie sobre otro, ni generar conflicto con las comunidades, sino que generar un ambiente de cooperación en el uso del borde costero, se transforme en una omnipotencia en que las comunidades indígenas que solicitan eso-que a veces no son de los sectores involucrados-quieran tener el uso concesionado solo para su actuar y no el de otros actores que también tienen una historia en el uso de ese espacio y que aportan al desarrollo de los territorios”, comentó la autoridad.
Agregó que “pienso que hay que entrar a analizar ese tema en detalle. La solicitud de este tipo de espacios no puede ser un elemento de conflictividad permanente, sino que tiene que ser concordada a través del diálogo y la construcción de acuerdos. En ningún caso la ley debe imponerse más allá de lo que era el espíritu original. Si esto está sucediendo, creo que hay que revisar incluso los contenidos de la ley para tener una mejor forma de abordar el uso del borde costero para el bien de todas las comunidades”.
Fotografía: Captura transmisión Santa María Radio y TV