Las comisiones unidas de Constitución y de Pesca de la Cámara de Diputados despacharon a la Sala la semana pasada la iniciativa que declara la nulidad de la Ley de Pesca (boletín 10527).
El texto legal indica que la ley entrará en vigencia el día que se publique en el Diario Oficial una nueva normativa que reemplace a la ley General de Pesca y Acuicultura. Dicho plazo no podrá ser superior a dos años desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Informará sobre la propuesta ante la Sala el diputado Jaime Tohá (PS).
Debate
Durante la discusión, el diputado Matías Walker (DC) dijo que hay muchas cosas que cambiar de la ley y que fueron explicadas por representantes de la pesca artesanal. Sobre todo, con el tema del fraccionamiento del jurel. “Pese a que algunos dirigentes de la pesca artesanal firmaron un acuerdo con el entonces ministro Longuería para el fraccionamiento, hubo yo creo una inducción a error, porqué si bien aumentó el fraccionamiento nominal, bajó el fraccionamiento si lo llevamos a la cantidad de cuotas”.
Para el diputado Jorge Brito (RD), ya está superado el debate sobre si se puede o no anular una ley. “Sabemos que el Ejecutivo es bien insistente en acusar inconstitucionalidad. Lo ha hecho con la ley de la jibia, que ganamos tanto en la Cámara como en el Tribunal Constitucional. Y lo ha hecho con la ley que incluye a los pescadores artesanales dentro del bono pymes. Entonces, en esto, en especial para que no sea una discusión de trinchera a trinchera, queríamos recordar que el Congreso ya definió que la ley de pesca se puede anular”, remarcó.
Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) recordó que el proyecto ingresó en 2016 y su fin es anular algo que se retrotrae a una situación jurídica incierta.
“Qué garantías tenemos, con excepción de que una vez aprobado en el Senado que puede ser en la hora nona, 30 días después el presidente o la presidenta de turno apruebe esta derogación. Digamos que nos demos dos años para tramitar nosotros mismos como Corporación. Vamos a tener suficiente tiempo en dos años para poder hacer esto si durante cinco años no hemos sido capaces ni siquiera de tramitar la nulidad de la ley de pesca”, acotó.
Participaron también del debate los diputados/as Daniel Núñez (PC), Pamela Jiles (PH), Rubén Moraga (PC), Leonardo Soto (PS), René Saffirio (IND), Jaime Tohá (PS) y René Alinco (IND).
Ejecutivo
El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió a los efectos de la declaración de nulidad. La autoridad planteó, entre otros aspectos, que es importante determinar las consecuencias reales que provocaría la nulidad.
“Con su aprobación, el marco normativo con que quedaría el ordenamiento pesquero estaría completamente desfasado de la realidad productiva”, afirmó. Estimó que quedarían “sin efecto todas las normas relacionadas con dicho cuerpo normativo, perdiendo todos los avances alcanzados y afectando a miles de empleos”.
Coincidió sobre el punto el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez. Dijo que les parece que esta técnica es inconsistente y que no va a cumplir con su objetivo.
Fotografía: Cámara