La iniciativa establece una excepción a la ley general de pesca, en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021, para los recursos sardina común y anchoveta, en las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

El cuerpo legal establecería mayores estándares ambientales para el funcionamiento de las concesiones que se sitúen en su interior.

El texto busca que no se contabilice como periodo inactivo aquel en que los pescadores artesanales no puedan trabajar debido a los daños de las marejadas.

La Cámara pidió una institucionalidad que aborde los conflictos entre usuarios, con actores que usan el agua sin reconocimiento, conflictos medioambientales, interjurisdiccionales, etc.

La Cámara no respaldó las enmiendas del Senado, por lo que el proyecto se verá en una comisión mixta, con integrantes de ambas ramas del Congreso.

Se proponen seis meses para dictar un reglamento y el mismo plazo para la entrada en vigencia de la ley, una vez publicada en el Diario Oficial.

Entre las organizaciones que firman esta petición figuran la Comunidad ATAP, Asociación Indígena Pewü Antū, Defendamos Chiloé, Bioparque Austral, Comunidad Indígena Kawésqar, Fundación Terram, Oceana, ONG FIMA, Fundación Mission Blue y Fridays For Future Chile. 

“Con su aprobación, el marco normativo con que quedaría el ordenamiento pesquero estaría completamente desfasado de la realidad productiva”, afirmó el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Ahora, la iniciativa pasa a la Sala.