Así como en el sector privado las innovaciones tecnológicas buscan eficiencias para ofrecer mejores soluciones que fidelicen clientes, en el sector público tienen como objetivo entregar un mejor servicio a los ciudadanos.
El avance tecnológico y la pandemia ayudaron a apurar el paso, ya que permitió facilitar el acceso a servicios digitales en instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Servicio de Registro Civil e Identificación y Poder Judicial. Se trata de importantes avances que todos celebramos, ya que benefician a gran parte de la población.
Sin embargo, continúan los desafíos vinculados con la entrega de servicios online a la población. Por eso la Ley de Transformación Digital del Estado, que recién comenzará a aplicarse completamente el año 2024, busca asegurar que continúen los avances en ese camino.
Pero la implementación de lo que indica la normativa levanta una alerta que debe ser abordada de buena manera por los organismos del Estado, para asegurar el acceso a la digitalización a las personas que viven en sectores rurales o alejados de la zona central de nuestro país.
La ley impone retos que deben ser abordados de buena manera en regiones como la nuestra. Esto, porque es frecuente que en días de lluvias y temporal se producen en Los Lagos cortes de energía que se prolongan por varias horas y que impiden cualquier operación digital.
También en la zona se enfrentan enormes desafíos para disponer de la infraestructura que haga posible cumplir con las dichas disposiciones legales, a lo que se debe añadir la escasez de proveedores en relación con la zona centro del país.
Si bien Ley de Transformación Digital del Estado supone un gran salto en la escalera hacia el desarrollo, existen grandes dificultades para su implementación, las que requieren del compromiso y gestión del Estado y sus organismos locales.
Solo de ese modo el Estado podrá asegurar que cada uno de nuestros compatriotas se vean beneficiados al poder efectuar con seguridad sus trámites sin tener que asistir presencialmente a alguna oficina. También permitirán que empleados de rubros como el salmonicultor, forestal, turismo, agrícola u otros que funcionan lejos de centros urbanos, no tengan que desplazarse para poder acceder a beneficios y atenciones del Estado.
Por eso la reciente ley que adecúa los plazos y gradualidad de la Transformación Digital del Estado no debe ser tomada como una excusa para demorar su aplicación, sino como una motivación que permita al sector público preparar los estándares necesarios para su correcta aplicación.