Entre US$ 500 y 700 millones es el costo de la reputación del salmón. Este es el número de lo que se deja de ganar por tener un menor precio comparado con Noruega y competidores. ¿La razón? Proteína producida en uno de los países latinoamericanos menos familiares para los estadounidenses, donde la marca “Chile” es aún débil comparado por ejemplo, con nuestro vecino Perú.
Si bien la industria y Chile están trabajando para disminuir esta brecha a través del posicionamiento de la marca salmón de Chile en Brasil y EEUU, el esfuerzo se queda corto. Es más, para enfrentar la “mala prensa” y demostrar a los clientes que se tienen buenas prácticas, las empresas implementan estándares internacionales de todo tipo para productos y procesos.
Cientos de investigadores y profesionales de todo el mundo construyen y actualizan los estándares junto a grupos de interés. Se utilizan miles de horas de auditores expertos para realizar una revisión minuciosa de las actividades en salmoneras, millones de dólares de inversión y cambios de procesos productivos para lograr el anhelado certificado de ISO, OSHAS, BAP (Best Aquaculture Practice); GlobalGap; ASC (Aquaculture Stewardship Council); BRC; IFS; Friend of the Sea, etc.
Estamos llenos de timbres que dicen que lo hacemos de la manera esperada, pero como nadie es profeta en su propia tierra, en nuestro país la cosa es distinta y hay que entenderlo. En definitiva, en Chile hoy, es más importante lo que se diga en las redes sociales que cumplir con una norma internacional, y si un sector tiene “mala fama” como el salmón, parece no tener opción de políticas públicas estables y de largo plazo.
En el último mes hemos visto varios casos de gestión a través del rating: la resolución de Subpesca que desafecta AAA únicamente a la salmonicultura en el Bío Bío, el caso del errante Seinkogen que lleva semanas paseándose por el sur de Chile y la solicitud de los parlamentarios locales para que no se otorguen recursos de CORFO para la investigación en salmonicultura. Todos ejemplos que dan cuenta de una industria cuya gobernanza depende cada vez más de lo que se diga de ella.
Entonces ¿Será correcto que se tomen decisiones basadas en “lo que dice el público”? Claramente no, el aplausómetro como vehículo de decisión es un camino que nos dirige exactamente en sentido contrario a la estabilidad de las inversiones que la marca Chile quiere proyectar en el mundo. Por ello retomar el diálogo público, privado y social para la definición de políticas que resguarden el bien común resulta prioritario para la competitividad del sector y el posicionamiento futuro del país.