Soberanía e invariabilidad ambiental

En esta columna de Pablo Berazaluce, el autor cuestiona la consistencia argumental del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional contra distintas normas del proyecto de Reconstrucción Nacional.

El requerimiento presentado por diputados ante el Tribunal Constitucional para impugnar diversas normas del proyecto de Reconstrucción Nacional tiene una inconsistencia argumental importante.

El fundamento del reclamo de constitucionalidad contra la invariabilidad tributaria es que la democracia supone que las cuestiones de política pública las resuelven las mayorías y que existe alternancia en el poder. Ambos principios pierden sentido si una legislatura puede resolver hoy aquello que las mayorías de mañana ya no podrán revisar.

El requerimiento desarrolla esta idea en extenso. Sostiene que la titularidad de la soberanía pertenece permanentemente a la Nación, mientras que su ejercicio es temporal y se distribuye sucesivamente entre las autoridades elegidas en cada período. Cada legislatura recibe un mandato limitado a su tiempo y ejercer sus propias competencias es algo distinto de disponer del ejercicio futuro de esas mismas competencias por parte de quienes aún no han sido elegidos. La conclusión es categórica: ninguna legislatura puede sustraer a las que la sucedan el ejercicio de esas atribuciones.

Lo paradójico es que, más de cien páginas después, el mismo escrito, firmado por los mismos 59 diputados, impugna también la norma que autoriza las microrelocalizaciones de concesiones de acuicultura, pero esta vez invocando el criterio exactamente inverso, fundado en la solidaridad intergeneracional en materia ambiental.

Allí se sostiene que el deber de tutela ambiental no se agota con el otorgamiento de una autorización, sino que exige preservar en el tiempo los estándares alcanzados, «sin que puedan desandarse». Con ese argumento se cuestiona que una ley posterior pueda modificar una regulación anterior cuando ello implique reducir un nivel de protección ambiental ya alcanzado.

En otras palabras, es un no a las microrelocalizaciones para defender una suerte de “invariabilidad ambiental”.

Lo anterior respecto de una medida que corresponde a un cambio menor de ubicación y que por ello asegura la inexistencia de efectos ambientales significativos. La norma obtuvo un amplio respaldo legislativo: 48 votos a favor en el Senado, con solo dos rechazos, y posteriormente 100 votos favorables en la Cámara de Diputados (44 votos en contra).

Esta discusión sobre la soberanía democrática recuerda el mecanismo conocido como Project Finance for Permanence (Financiación de Proyectos para la Permanencia), mediante el cual diversos grupos de interés ambiental han operado en distintos países, incluido Chile. Un trabajo publicado en 2023 en la revista científica Environment and Planning E, de Clare Beer, profesora de la Universidad de California, describe la Ruta de los Parques de la Patagonia como un ejemplo del fenómeno «dólares por políticas»: financiamiento internacional condicionado a que el Estado adopte compromisos legales, regulatorios y fiscales de carácter permanente. Beer es explícita en señalar que esas reformas no surgen como resultado orgánico del proceso democrático nacional, sino porque los promotores del proyecto negocian esos compromisos con determinados órganos del Estado como condición previa para cerrar el acuerdo.

Es decir, en esos casos, quienes terminan condicionando la política pública cuentan con una legitimidad incluso menor que una mayoría parlamentaria transitoria. En contraste, las microrelocalizaciones fueron debatidas durante la tramitación legislativa, aprobadas por amplias mayorías y ahora serán revisadas por la justicia constitucional.

Como anécdota quedará el hecho de que el requerimiento está firmado por algo más de una decena de diputados que votaron favorablemente las microrelocalizaciones durante su tramitación legislativa.

 

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Pablo Berazaluce Maturana

Cientista Político y Asesor Senior

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