Una familia que discute el viaje, pero nunca logra salir

En esta columna, el autor reflexiona respecto a que Chile necesita dejar de administrar sus diferencias como trincheras y comenzar a construir acuerdos territoriales de largo plazo.

Pensaba en algo bastante simple. Imaginemos una familia que quiere salir de viaje.

Uno quiere ir a la playa. Otro prefiere acampar. Alguien propone conocer un destino diferente. Todos tienen sus razones y probablemente ninguna sea absurda. El problema comienza cuando la conversación deja de tratar sobre el destino, los recursos disponibles o la mejor ruta, y pasa a concentrarse en impedir que la propuesta del otro prospere. Aparecen las desconfianzas, las descalificaciones y las zancadillas. Finalmente, la familia no va a ninguna parte.

A veces siento que como país nos ocurre algo parecido.

Esta sensación vuelve a aparecer con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que dejó fuera del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional la figura especial de las microrelocalizaciones acuícolas y su excepción de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La propuesta permitía desplazamientos acotados de hasta 350 metros, por una sola vez, sin aumentar la producción autorizada ni el tamaño de la concesión, con antecedentes técnicos y restricciones ambientales. Habrá argumentos jurídicos a favor y en contra, y será indispensable conocer la sentencia completa. Pero el episodio revela una dificultad anterior y más profunda: nuestra incapacidad para construir una visión compartida sobre el desarrollo de los territorios.

En Chile solemos discutir estas materias desde compartimentos separados. La institucionalidad protege sus competencias; los sectores productivos defienden la continuidad de sus operaciones; las organizaciones ambientales levantan alertas legítimas; las comunidades reclaman participación; los trabajadores y proveedores temen por sus empleos; y la política transforma cada diferencia en una señal de identidad. Cada actor puede tener una parte de la razón. El problema es que la suma de razones parciales no siempre produce una buena decisión para el conjunto.

A esta familia se suma, además, un vecino especialmente activo: organizaciones no gubernamentales ambientalistas, algunas chilenas y otras de carácter internacional, que intervienen en el debate público, administrativo y judicial. Sus observaciones pueden revelar riesgos que el Estado o la industria no han considerado, y ese aporte no debe descartarse. Pero opinar e incidir también implica responsabilidades. Es razonable exigir claridad respecto de a quién representan, qué intereses promueven, cómo se financian y qué conocimiento efectivo poseen del territorio sobre el cual buscan influir.

En la metáfora familiar, el vecino tiene derecho a advertir que el camino puede ser peligroso o que el vehículo contamina. Incluso puede aportar información valiosa. Lo que no parece sano es que termine definiendo el destino, reemplazando la deliberación de la familia o bloqueando permanentemente su decisión, sin asumir las consecuencias económicas y sociales que recaerán sobre quienes viven en esa casa. La participación externa debe integrarse mediante reglas transparentes, en etapas oportunas y con evidencia verificable; no transformarse en un poder de veto informal durante todo el proceso.

Cuando la discusión queda atrapada entre estar a favor o en contra de una actividad, perdemos las preguntas importantes: ¿qué impactos concretos debemos reducir?, ¿qué indicadores vamos a medir?, ¿qué zonas requieren protección?, ¿dónde es posible producir responsablemente?, ¿cómo participan las comunidades?, ¿cómo se distribuyen los beneficios en el territorio?, ¿qué tecnología puede corregir problemas existentes?, ¿quién fiscaliza y con qué información?

No escribo esto desde la distancia. He dedicado buena parte de mi trayectoria a la investigación pesquera, la gestión pública, la industria acuícola y el emprendimiento regional. Hoy, desde CITECMA, trabajamos en monitoreo ambiental, oceanografía, robótica submarina y generación de información para tomar mejores decisiones. Conozco las dificultades de operar en la Patagonia y también la fragilidad de sus ecosistemas. Por eso no creo que la solución sea elegir entre desarrollo o medioambiente. Esa disyuntiva es demasiado cómoda y, a estas alturas, profundamente equivocada.

Debemos reconocer que las actividades productivas han cometido errores. Negarlos destruye confianza. Pero también debemos reconocer que el conocimiento y las prácticas han cambiado. Hoy existen mejores sistemas de monitoreo, estándares más exigentes, tecnologías capaces de observar el fondo marino, modelos oceanográficos y herramientas para evaluar riesgos con una precisión que hace algunas décadas no teníamos. La regulación debe exigir ese conocimiento y utilizarlo para decidir; no ignorarlo cuando contradice una posición previamente adoptada.

La protección ambiental tampoco puede reducirse a inmovilizar el territorio. Cuidar implica conocer, medir, anticipar, corregir y fiscalizar. En determinadas situaciones, mover una instalación hacia un lugar cercano con mejores condiciones de profundidad o corrientes puede ser ambientalmente preferible a mantenerla donde está. Eso debe demostrarse técnicamente, con límites, transparencia y control. Pero si descartamos de antemano cualquier instrumento por el sector al que beneficia, reemplazamos la política pública por una disputa de trincheras.

Otros países productores tampoco viven sin conflictos. Noruega mantiene una regulación estricta y enfrenta desafíos ambientales relevantes, pero apoya sus decisiones en monitoreo, investigación científica, planificación espacial e incentivos vinculados a impactos medibles. Canadá ha impulsado enfoques de gestión por áreas que buscan integrar al Estado, gobiernos subnacionales, pueblos indígenas, industria y organizaciones ambientales, considerando conjuntamente factores ambientales, sociales y económicos. No son modelos perfectos ni copiables de manera automática. Su enseñanza es otra: el desacuerdo puede organizarse dentro de una gobernanza común.

Eso es lo que nos falta. Antes de discutir cada permiso, cada concesión o cada modificación legal como una batalla definitiva, necesitamos acordar el destino. ¿Queremos regiones que protejan su patrimonio natural y, al mismo tiempo, generen empleo de calidad, innovación, conocimiento y oportunidades para sus habitantes? Si la respuesta es sí, corresponde diseñar juntos la ruta, los límites, las obligaciones y los mecanismos de corrección.

Desde Aysén, la centralización de estas discusiones se siente con especial intensidad. Muchas veces las decisiones se adoptan lejos del territorio y sus consecuencias recaen sobre quienes viven aquí: trabajadores, tripulantes, técnicos, pequeñas empresas, familias y comunidades completas. Participar no puede significar únicamente ser escuchados cuando el diseño ya está terminado. El conocimiento territorial debe formar parte de la decisión desde el comienzo.

Necesitamos una gobernanza más madura: mesas permanentes con capacidad técnica; información ambiental pública y comprensible; participación temprana de las comunidades; compromisos verificables de las empresas; transparencia sobre la representación y el financiamiento de las organizaciones que buscan incidir; fiscalización eficaz; evaluación periódica de resultados; y reglas estables que puedan corregirse cuando la evidencia lo justifique. No se trata de que todos pensemos igual. Se trata de que todos aceptemos un método común para resolver nuestras diferencias.

La política cumple un papel indispensable, pero no debería convertir cada norma en una prueba de pureza ideológica. La ciencia aporta evidencia, pero tampoco reemplaza las decisiones democráticas. La empresa genera actividad y empleo, pero debe asumir responsabilidades. Las comunidades poseen experiencia y derechos que no pueden tratarse como un trámite. Y el Estado debe ser capaz de reunir esas dimensiones, en vez de administrarlas por separado.

Volvamos a la familia del comienzo. Tal vez nunca todos prefieran el mismo destino. Pero una familia que quiere avanzar conversa, establece prioridades, calcula los riesgos y acuerda una ruta. También se permite corregirla si las condiciones cambian. Lo que no hace es romper el vehículo para impedir que otro conduzca.

Chile necesita recuperar esa capacidad de acuerdo. Cuidar y desarrollar responsablemente el territorio no son viajes opuestos. Son parte de un mismo destino. Y mientras sigamos haciéndonos zancadillas, otros avanzarán y nuestras regiones continuarán esperando en el punto de partida.

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Hernán Rebolledo

Fundador y gerente general de CITECMA SpA | Presidente de CorpAysén

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