La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados recibió a la Fundación Terram, orientada a generar análisis crítico y propuestas de política pública en distintas temáticas ambientales, se refirió a la sobreproducción de salmoneras en parques nacionales.
En la ocasión, intervino el investigador de esta organización, Maximiliano Baeza. En su presentación denunció que, entre 2012 y 2023, existieron 95 casos en los que casi una decena de empresas salmoneras sobre-produjeron salmón. Con esto, infringieron la normativa al generar más de lo que están autorizadas en zonas declaradas como reservas nacionales. Éstas son las reservas Las Guaitecas (Aysén) y Kawésqar (Magallanes).
Asimismo, explicó el marco legal de la salmonicultura. Aquí, destacó que la fiscalización y sanción de los proyectos son competencia del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
De acuerdo a los antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia, la sobreproducción llegó a más de 67 mil toneladas de salmones cosechados. Aquí no se incluye la mortalidad que se da durante el proceso productivo.
Luego, se señaló que, en 2023, realizaron otra investigación en la empresa Nova Austral, en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en la región de Magallanes. Aquí encontraron 24 casos de sobreproducción, con más de 32 mil toneladas de salmones en exceso. A su juicio, esta situación podría hacer creer que la cantidad de producción en exceso es planificada.
Sin embargo, remarcó a las y los diputados, ninguno de estos casos tiene una sanción de la SMA.
Junto a lo anterior, destacó que la empresa infractora recibió $150.000 millones por subsidios estatales (Ley 18.392), pese a los episodios de sobreproducción.
Sanciones a salmoneras
El representante de Terram señaló que Sernapesca denunció solo 13 de los 95 casos de sobreproducción detectados en la investigación a la SMA. Por su parte, la Subsecretaría inició el procedimiento sancionatorio sólo por uno. En tanto, dos casos ya prescribieron.
De este modo, desde Terram, señalaron que, actualmente, quedan 16 infracciones por prescribir, que equivalen a 13.582 toneladas de salmones en exceso. Esto sería un beneficio económico para las ocho empresas salmoneras infractoras, estimado en cerca de U$133 millones.
Por otro lado, agregó que, de los 22 sancionatorios iniciados por sobreproducción entre 2013 y 2022, sólo 4 llegaron a término. De ellos uno con multa (1.000 UTA en 2017) y tres con revocación de RCA en 2022, los cuales se encuentran actualmente judicializados.
Frente a estos antecedentes, Maximiliano Baeza alertó a la comisión de que existe una alta probabilidad de que no se detecten las infracciones. Y puso énfasis en que su investigación es solo en áreas protegidas, que representan un 30% de las zonas donde se instalan salmoneras.
Por lo tanto, a su juicio, esta situación parece ser un incentivo al incumplimiento por parte de las empresas. A esto se suman los montos de las multas. Esto, porque los beneficios de la venta de los salmones supera, incluso, la máxima multa establecida por ley en hasta seis veces su valor.
Superintendencia de Medio Ambiente
Frente a estas denuncias, la superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, valoró el rol de las organizaciones civiles en la fiscalización.
Señaló que se ha planteado, desde 2020, una estrategia de fiscalización de las salmoneras con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Dentro de los ejes de trabajo se encuentra la mejora del monitoreo ambiental para prevenir contingencias ambientales. Así, también, para resguardar el tamaño de los centros de engorda.
Por otro lado, puso énfasis en el trabajo interinstitucional, sobre todo, en colaboración con el Sernapesca. Gracias a esto, explicó que la SMA tiene acceso a su base de datos desde 2020. Estos son relativos a la mortalidad de los peces, sus existencias y las cosechas recibidas por las plantas de proceso. Así, en 2021, se llegó a más de 1.200 informes de fiscalización ambiental de salmoneras. La cifra ascendió a más de 1.800, en 2023.
La estrategia cuenta también con medidas preventivas y correctivas, como es alertar a las empresas sobre sus niveles de producción en relación a su autorización. En cuanto a los procedimientos sancionatorios, se aumentó de 9, en 2022, a 44, en 2023, tanto en áreas protegidas como no.
En cuanto a la investigación de Terram, la superintendenta señaló que fueron recibidas las denuncias y se encuentran en análisis, tanto de los datos de producción como de las fechas de prescripción. Agregó que “la Superintendencia en esto está activamente funcionando, con todas sus capacidades”. Adicionalmente, destacó que existe un proyecto de ley que pretende mejorar la capacidad de fiscalización y respuesta sancionatoria.
Sernapesca
También participó en la jornada la directora de Acuicultura del Sernapesca, Mónica Rojas. En su presentación, resaltó que este sector productivo tiene un impacto importante en términos económicos y laborales en la zona sur del país. Esto, porque genera cerca de 471 empleos en la zona y es el segundo producto de mayor exportación y el primero en alimentos.
Agregó que, en el objetivo estratégico de 2024, se encuentra aumentar la efectividad de las estrategias de fiscalización, para focalizar la atención en incumplimientos y disuadir conductas transgresoras. Asimismo, se considera tener un mayor foco en la producción en áreas protegidas.
Fiscalización parlamentaria
El presidente de la instancia, diputado Félix González (PEV), señaló que, mirando los antecedentes, parece ser que la sobreproducción es “una práctica recurrente y masiva”. También alertó sobre las otras zonas no analizadas y el hecho de que, en muchos casos, no existan sanciones.
Además, comentó que, en el marco del debate del proyecto, podrían sumarse instituciones como el Servicio de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.
En este contexto, la superintendenta planteó que, de los diferentes tipos de sanción, el que mayormente se ha utilizado son las multas. Por otra parte, reconoció que la aplicación sancionatoria, efectivamente, “no ha sido la regla”.
“Lo que sí ha sido la regla es que frente al inicio de los procesos sancionatorios los titulares han presentado programas de cumplimiento ambiental”, agregó.
A raíz de tal situación, relevó la necesidad de establecer mayores y mejores reglas en el marco del debate del proyecto que mejora el funcionamiento de la Superintendencia.
Finalmente, la comisión acordó ratificar, en una próxima sesión, solicitar a la SMA y al Sernapesca información de los centros de cultivos fuera de áreas protegidas y sin RCA. Junto a esto, el diputado González anunció que no descarta promover el desarrollo de una comisión investigadora sobre la materia.
Fotografía: Cámara de Diputados.