La propuesta, que quedó en condiciones de pasar a la Sala de la Cámara, endurece las penas a quienes utilicen para esta actividad métodos como el uso de explosivos y redes, que matan gran variedad de peces sin discriminar por tamaño o edad.

La iniciativa buscaba suspender los plazos establecidos en la Ley sobre Bases del Medio Ambiente a los proyectos que requieren calificación o evaluación ambiental y participación ciudadana o consulta indígena.

El tratado complementará el ACE 35 suscrito por Chile con países del Mercosur en la década de los ’90.

“El Gobierno no ha estado a la altura. Entregar un bono único de $150 mil pesos a poco más de 850 pescadores artesanales en nuestra región, aplicando criterios como el Registro Social de Hogares (RSH), es no conocer la pesca artesanal. Nuestra gente mayoritariamente vive del día a día, si no pescas no comes, esa es la realidad; por eso nos alegramos que nuestras demandas hayan sido escuchadas y canalizadas”, enfatizó el timonel de la Fipasur.

Las mociones fueron destacadas por la diputada PS Jenny Álvarez.

Por medio de tres resoluciones, se llama al Ejecutivo a entregar ayuda económica a trabajadores independientes y de la pesca artesanal; apoyar a quienes laboran en el turismo en San Pedro de Atacama; y facilitar programas de reinserción y capacitación para trabajadores del rubro acuícola.

“Es absolutamente irresponsable continuar con esta política reactiva y no preventiva”, sostiene el legislador por la austral región.

La iniciativa, que se encontraba en tercer trámite constitucional, fue despachada del Congreso con un artículo transitorio que estipula que entrará en vigencia el primer día del mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

La misiva está relacionada con la entrega de bonos por parte del Estado.