(Pulso) Por casi tres horas estuvo reunido este jueves 30 de enero el Comité de Ministros para analizar las reclamaciones al megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, que buscan sacar adelante las empresas Endesa y Colbún. La instancia analizó y resolvió 33 de las 35 reclamaciones presentadas a la iniciativa de parte de las empresas socias y de personas naturales y jurídicas (cuyo contenido final no se hizo público), quedando pendientes dos estudios adicionales para definir el futuro del megaproyecto. Éstos demorarían al menos unos ocho meses, por lo que sí o sí la decisión respecto a la obra quedará en manos de la presidenta electa Michelle Bachelet, quien ya ha dicho: «Tal como está el proyecto HidroAysén no es viable».
El Comité de Ministros analizó 35 reclamaciones, una de HidroAysén (con 20 condiciones) y 34 de la ciudadanía, con 993 alegaciones.
«Se analizaron la totalidad de las comisiones representadas tanto por el titular como por la ciudadanía; se resolvieron la mayoría de ellas, quedando sólo dos pendientes sujetas a estudios para mejor resolver. Estas dicen relación con un estudio hidrológico con la variación de caudal diario que tendría la operación de la central y con el efecto de vaciamiento de glaciares; y otro estudio que dice relación con el impacto potencial que significa para la provincia el hecho de que hay un grupo importante de trabajadores, más de cinco mil personas, que van a estar al mismo tiempo en la zona de trabajo. Esos estudios no los hace la empresa, los va a hacer el Estado para de esa manera, de acuerdo a sus resultados, poder ver la posibilidad o no de establecer nuevas condiciones al proyecto», explicó la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
No obstante, la secretaria de Estado dijo: «El proyecto, al tener resolución de calificación ambiental aprobada puede iniciar su construcción, sin perjuicio de que hay estudios pendientes».
El consejo es liderado por la ministra de Medio Ambiente, e integrada por los titulares de Energía (Jorge Bunster) Minería (Hernán de Solminihac), Salud (Jaime Mañalich), Economía (Félix de Vicente) y Agricultura (Luis Mayol).
Tras la reunión del comité, el ministro Bunster se dirigió a La Moneda para, junto al presidente Piñera, promulgar la ley de carretera eléctrica. Consultado por PULSO sobre si HidroAysén se transformó en una discusión política, por el retraso en la convocación del comité en más de dos años, el secretario de Estado dijo: «Es una discusión de un proyecto de reclamaciones, y de la necesidad de hacer un trabajo riguroso para resolver las reclamaciones de manera acabada para tener un buen proyecto».
Según trascendió, el Comité de Ministros fue convocado de manera urgente. Si bien el reglamento de esta instancia dice que las sesiones deben fijarse con al menos diez días de anticipación, también contempla una excepción en situaciones de emergencia calificadas por su presidente, la ministra Benítez.
No obstante, en una entrevista dada a radio Duna minutos antes de ingresar ayer al comité, el ministro de Economía, Félix de Vicente, dijo que no fue una reunión «citada de emergencia como se ha estado diciendo», ya que habría estado agendada con anticipación. «No es un tema que dómino bien y no tengo mucho más que agregar», añadió.
En internet, la agenda de la instancia tiene como última citación el 30 de octubre de 2013.
Las centrales de HidroAysén obtuvieron la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte de la Corema de Aysén el 9 de mayo de 2011. Según la Ley de Bases del Medio Ambiente, el plazo para que el Comité de Ministros se pronuncie sobre las reclamaciones es de 60 días corridos. Un año después de ello, sin que sesionase la instancia, Colbún anunció la paralización de los estudios de transmisión por la falta de «una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere».
El comité, coincidentemente, se convocó para ayer luego de que el directorio de HidroAysén autorizara a la administración, liderada por Daniel Fernández, para iniciar acciones legales y administrativas por la falta de pronunciamiento de la instancia y ante los retrasos en la entrega de derechos de agua adicionales solicitados.