(El Mercurio) El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella presentada en la investigación del caso Corpesca en contra de ocho personas que emitieron boletas de honorarios por trabajos no realizados para el senador Jaime Orpis (ex UDI). Según el organismo, a través de estos supuestos asesores, el legislador «sustrajo fondos fiscales que le eran entregados por el Senado para efectos de contratar personal».
En la presentación, el CDE además recalificó el delito de malversación de caudales -que era por el cual originalmente se habían querellado contra el senador- a fraude al fisco.
La acción judicial es por el delito de fraude al fisco y está dirigida en contra de la ex asesora del parlamentario Carolina Gacitúa, Bárbara Molina, Marianella Ovalle, Viviana Quiroz y la ex nuera de esta última, Lorena Lara, y también la secretaria personal Blenda Huus. A ellos se suman los abogados Javier Jara Cáceres y Mario Candia Zlatar.
Según la presentación, en abril de 2009 Orpis acordó con el abogado Jara «abultar los montos de los honorarios por las asesorías contratadas, para apropiarse de parte de los dineros».
Estos fondos eran transferidos por medio de su secretaria, Blenda Huss, o por Marianella Ovalle, militante de la UDI, quienes luego ponían a disposición de Orpis los dineros.
Si bien el abogado Jara sí prestó servicios reales para el senador, lo realizó desde 2006 a 2009 por un monto de $150.000 mensuales, incluso cuando viajó a Escocia a cursar un postítulo. Sin embargo, la situación cambió en 2010; el parlamentario lo contactó porque «necesitaba facturar $30 millones en doce meses», por lo cual le solicitó extender boletas por otros montos.
Entre abril y diciembre de 2010, el abogado emitió boletas por $2.474.096; luego varió el monto a $2.694.016, de enero a marzo de 2011. Por estos hechos, el perjuicio fiscal es de $30.160.635. Solo se quedaba con $150.000, más el pago provisional.
El otro hecho que se le imputa a Orpis se refiere a que entre 2010 y 2013 también solicitó la emisión de boletas al abogado Mario Candia Zlatar, en el cual según el CDE «se simuló un contrato de asesorías que nunca se prestaron».
El abogado cobró honorarios por trabajos no realizados primero con cargo al parlamentario -vía Senado- y luego al Comité de Senadores de la UDI. En total, el perjuicio es de $30.160.635. «Cabe precisar que Orpis solo solicitó la imputación de los pagos con cargo al Comité, sin que los miembros de este supieran de la operación sustractiva que desarrollaría (el senador)», dice el CDE.
Vea aquí la nota desde su fuente original en el diario El Mercurio.