La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, recibió esta semana a un grupo de diez dirigentes de trabajadores de plantas de proceso y embarcados de la industria pesquera nacional. El encuentro es parte de una serie de reuniones que los trabajadores del sector iniciaron tras la serie de cuestionamientos que ha recibido la ley de pesca, donde se incluye la moción presentada por los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD), que busca modificarla.
Juan Carlos González, uno de los líderes sindicales de la Región del Biobío, inició la conversación comentando que el motivo del encuentro busca abordar la «amenaza sobre la formalidad laboral y la seguridad laboral en la que el rubro se encontraría si son acogidos los cambios propuestos a la legislación pesquera en el Congreso», haciendo referencia al proyecto de acuerdo aprobado en la Cámara Baja que busca limitar la captura de la jibia exclusivamente al sector artesanal y la mencionada moción presentada en la Comisión de Pesca del Senado que, entre otras cosas, propone un sistema de licitaciones de hasta el 50% de los recursos pesqueros.
González denunció que, a pesar de insistentes solicitudes, los trabajadores de la industria no han sido recibidos para intervenir en las sesiones al respecto. «Todo este ambiente y las acciones que hemos visto atentan con nuestras posibilidades de contar con negociaciones colectivas y seguridad laboral, encaminándonos directamente a una precarización del trabajo», argumentó. Es por esto que los dirigentes iniciaron un procedimiento de queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la semana pasada, en la que denuncian el desconocimiento, por parte del Congreso, de los convenios 11 y 122 suscritos por el Estado.
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Los dirigentes recordaron a Bárbara Figueroa la «notable historia sindical de los trabajadores pesqueros», quienes -dijeron- se encuentran en un 100% sindicalizados. «Pareciera que el Congreso estuviera en contra del empleo formal. Somos el sector de trabajadores más discriminado del mundo político», enfatizó el presidente del Sindicato Interempresa de Naves Especiales, Hugo Roa.
«Lobby internacional»
Por su parte, la representante de los trabajadores de planta, Juana Silva, adujo que un «lobby internacional está detrás de la pretensión de modificar la actual legislación, especialmente empujada por la empresa Lota Protein, de intereses noruegos y daneses, que busca instalar un sistema de licitaciones». Y añadió: «Nuestro único capital es el contrato de trabajo, nada más. No hemos tenido mitigaciones sociales; por esto exigimos protección».
Robinson Cárcamo, en tanto, complementó que el promedio de edad de los trabajadores de planta es sobre los 50 años. «Si pierden su empleo es muy difícil que puedan integrarse a un sector productivo diferente», pronosticó.
Pronunciamiento público
El grupo de trabajadores se mostró a favor de la consulta técnica solicitada por el gobierno a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), pero recordaron que la ley de pesca no está aún implementada en su totalidad y «que necesita más tiempo para ponderar sus efectos en la recuperación de las pesquerías en colapso». Por esto, instaron a la presidenta de la CUT a realizar un pronunciamiento público y su intervención «para exigir respeto a la formalidad laboral y el cumplimiento de los convenios suscritos por Chile».
Bárbara Figueroa acogió la solicitud y afirmó que la «defensa de causas de derechos laborales no implica al empleador, sino que la fuente de trabajo. Y el resguardo formal y estable es fundamental en tiempos de precariedad». Agregó que iniciará conversaciones con la Cámara de Diputados y las senadoras Goic y Muñoz, quienes también participan en la Comisión de Trabajo, para abordar la moción legislativa y otras propuestas.
«Sería lamentable que los congresistas terminen asumiendo una dinámica en la que la preocupación no esté en la objetividad y rigurosidad del trabajo, sino responder a presiones de algunos grupos. Que el debate de la ley de pesca no se transforme en una vía de escape», puntualizó.
Es así que la presidencia y la secretaría general de la CUT trabajarán en un respaldo institucional público que será realizado la próxima semana, incluyendo una presentación que se enviará a los legisladores y en que la se detallarán las demandas del sector. En paralelo, Bárbara Figueroa comprometió el contacto con el Ejecutivo para converger en una línea común sobre el tema, agilizando una audiencia pendiente que los trabajadores pesqueros solicitaron a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.