(Pulso) Una nueva demanda por colusión presentó ayer miércoles 28 de enero el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal. Esta vez, el mercado cuestionado es el del transporte marítimo de vehículos hacia Chile.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las chilenas Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI); a la coreana Eukor Car Carriers Inc. (Eukor); y a las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) por haberse coludido en múltiples procesos de contratación de transporte marítimo de automóviles realizados por los fabricantes o consignatarios de distintas marcas desde el año 2000, para su comercialización en el mercado nacional.
El cartel, que según la FNE aseguraba a cada naviera la mantención de sus contratos vigentes con los fabricantes o concesionarios, fue revelado por Vapores (ligada al grupo Luksic) mediante el procedimiento de delación compensada, al cual también se acogió la japonesa Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. Esta es la primera vez que se otorga el beneficio a dos empresas involucradas en un mismo cartel.
De esta manera, la FNE pidió eximir de multas a CSAV, porque esta firma cumplió con los requisitos establecidos en el procedimiento de delación compensada. Respecto de NYK, la segunda naviera en delatarse ante la Fiscalía y en colaborar activamente durante la investigación, se solicitó una multa equivalente a 50% del mayor monto solicitado al Tribunal, según lo dispone el DL 211. No se solicitó el pago de costas a CSAV ni a NYK.
Mientras, la fiscalía pidió al TDLC multas totales cercanas a los US$75 millones (90 mil Unidades Tributarias Anuales, UTA) para las navieras. La mayor sanción solicitada fue para Eukor y corresponde a unos US$25 millones. Para CCNI, K-Line y MOL, se pidió cerca de US$12,5 millones, más el pago de las costas.
Con esta nueva demanda por colusión, ya son diez los procesos de este tipo que se inician desde el año 2008 ante el Tribunal de Defensa de la Libre competencia.
Los casos más emblemáticos han sido el de la colusión de las farmacias (denunciado por la FNE en 2008) y el acuerdo entre las principales empresas avícolas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo (presentado en 2011).
Este último proceso se encuentra actualmente en la Corte Suprema, pues las empresas productoras de pollos apelaron al fallo del Tribunal de la Competencia, que las sancionó con una multa que en conjunto supera los US$60 millones.
El acuerdo entre navieras
Según la Fiscalía, los acuerdos entre las navieras fueron ejecutados en las rutas marítimas con origen en los puertos de Europa, América y Asia, que explican 90,7% de las importaciones locales. Además, destaca que las firmas acusadas concentran 99,6%, 92,1% y 86% de la participación del mercado en dichas rutas, respectivamente.
Para ejecutar los acuerdos, las navieras que tenían la capacidad para competir en los procesos de contratación a los que llamaron los fabricantes o concesionarios de automóviles, utilizaron tres mecanismos. El primero consistió en que las compañías que no detentaban una cuenta o contrato determinado ofertaran valores altos, para ser descartados. El segundo, lo concretaron no presentándose a estos procesos y el tercero, imponiendo condiciones que hacían inviable o poco atractivas sus propuestas, sostiene la FNE.
Estas modalidades, añade, buscaron garantizar la permanencia de la naviera titular de la respectiva cuenta o contrato, sustituyéndose así la presión competitiva natural de cualquier nuevo proceso de contratación, por una coordinación entre competidores.
En el requerimiento, la FNE sostiene que en 2012 las importaciones de vehículos por vía marítima alcanzaron a 324.480 unidades, por un total de US$5.805 millones en términos CIF, lo que equivale a aproximadamente 2,3% del PIB de ese año, y que en ese mismo período, el valor total de los fletes cobrados por las importaciones fue de US$310 millones.
Esta es la cuarta ocasión en que la Fiscalía tramita ante el TDLC un caso que incorpora el mecanismo de delación compensada, vigente en Chile desde 2009, y la primera vez en que se le otorga el beneficio a dos empresas involucradas en un mismo cartel. Previo a este caso, la FNE utilizó el programa en el requerimiento que presentó en julio del año pasado contra las empresas proveedoras de asfalto Enex, Asfaltos Chilenos, Química Latinoamericana y Dynal Industrial S.A., por haber acordado un mecanismo para asignarse la provisión de este insumo para la construcción de obras viales o privadas.
En este caso, el grupo Luksic también se acogió a la delación compensada, a través de la autodenuncia de ENEX.
Ambas situaciones fueron a pocos meses de haber adquirido las empresas.