Tras un amplio periodo de audiencias, que concluyó este martes 31 de julio, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto (boletín 11747) que perfecciona diversos textos legales para promover la inversión.
La iniciativa ingresó el 16 de mayo de 2018 como mensaje del Ejecutivo y se planteó como objetivo equilibrar debidamente la certeza jurídica que nuestro ordenamiento provee, con la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para el país.
El primer objetivo específico de la iniciativa es simplificar ciertos procedimientos que establecen las leyes vigentes, pero sin sacrificar la rigurosidad de las mismas. En este plano se eliminan requisitos innecesarios y la duplicidad de trámites y se pone a disposición de los inversionistas sistemas digitales para recibir y tramitar permisos, entre otros.
Además –según lo informado por la Cámara–, se permite la externalización de servicios de revisión con el fin de reducir la duración de los tiempos de tramitación de los proyectos hasta su puesta en marcha y, por tanto, los costos asociados a dichos trámites.
Una segunda área apunta a eliminar incertezas jurídicas. Para ello, el proyecto busca entregar herramientas necesarias para asegurar una clara aplicación de los preceptos legales, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas y espacios de discrecionalidad infundada.
Así, se plantea regular de manera más acabada algunos procedimientos que adolecen de vacíos que dificultan su aplicación y se perfeccionan los ámbitos de competencia en los que se encuentran legalmente habilitados para actuar, los distintos servicios públicos involucrados.
Por último, se propone poner a disposición de los inversionistas la mayor cantidad de información posible, para que de esa manera el mercado de inversión minera sea más transparente, competitivo y moderno.
Contenidos específicos del proyecto
La iniciativa contempla diversas modificaciones a la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En este ámbito se busca, por ejemplo, impedir que los servicios emitan pronunciamientos infundados o fuera de su competencia, se refuerza la facultad del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para revisarlos y omitir aquellos pronunciamientos infundados o que se refieran a asuntos fuera de la competencia del órgano respectivo.
Asimismo, se establece el carácter vinculante de las respuestas a las consultas de pertinencia de los interesados en presentar un proyecto a evaluación de impacto ambiental, o las modificaciones a proyectos en ejecución; y se elimina el guarismo establecido en la ley respecto de la capacidad instalada de generación de las centrales y plantas de energía eléctrica como requisito para ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y será el reglamento de dicha entidad SEIA el que establecerá distintas magnitudes.
En relación con los permisos ambientales sectoriales, se refuerza al SEIA como “ventanilla única”; y se elimina la incerteza jurídica respecto del plazo de vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental, regulando desde cuándo deben computarse los plazos.
Además, se establece la posibilidad que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir tipos de fuentes por razones ambientales, para efectos de fijar la proporción en que deben reducirse las emisiones de las distintas fuentes.
En otras áreas, el proyecto posibilita al Servicio Nacional de Geología y Minería utilizar como fuente de su catastro de concesiones mineras las publicaciones en los Boletines Oficiales de Minería; de igual forma, se modifica el Código de Procedimiento Civil para regular la medida de suspensión provisoria de obra nueva, reemplazando su otorgamiento de oficio y con el solo mérito de la presentación de la demanda.
Concesiones marítimas y derechos de aguas
La propuesta también permite la constitución de garantías sobre los derechos de concesiones marítimas y adapta la Ley General de Urbanismo y Construcciones para que cuente con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación, hacer públicas las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos, y publicitar los permisos de edificación.
Respecto del Código de Aguas, se define la creación de un sistema informático que pueda recibir y tramitar digitalmente las presentaciones sobre derechos de aprovechamiento de agua que reciba la Dirección General de Aguas (DGA); se permite la externalización del trámite de recepción de obras hidráulicas para los proyectos de gran envergadura; y se regula la posibilidad de la DGA para corregir los errores geo-referenciales que se produzcan en las resoluciones de aprobación de obras de construcción, medicación y unificación de bocatomas, entre otros puntos.
Finalmente, el proyecto establece que las municipalidades deberán otorgar de manera inmediata patente provisoria por dos años a los establecimientos que cumplan con los requisitos y, con el propósito de incrementar la cobertura y eficiencia en el uso de los recursos estatales en zonas con menos cobertura, se permite la celebración de convenios interadministrativos entre todos los órganos del Estado, posibilitando que empresas públicas y municipios puedan sustituir funciones materiales de otros servicios públicos.
El grupo parlamentario que preside el diputado Alexis Sepúlveda (PRSD) tiene plazo hasta el próximo lunes 6 de agosto para presentar indicaciones.