Este martes 4 de julio, en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, continuará el análisis del boletín 7543-12, proyecto de ley que apunta al equilibrio entre el uso productivo del agua con la necesaria preservación de los ecosistemas y la priorización del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento. En abril pasado, el Ejecutivo y parlamentarios introdujeron indicaciones al proyecto de ley, las que actualmente se encuentran en votación.
En la Comisión de Hacienda, en tanto, se discutirá el boletín 8149-09, proyecto de ley que busca mejorar la transparencia en la información, aumentar las facultades fiscalizadoras, otorgar por primera vez atribuciones y funciones a la Dirección General de Aguas (DGA) en materia de calidad de las aguas e incrementar la cuantía de las sanciones que hoy en día son por un máximo de 20 UTM. A dicha Comisión, le resta votar una indicación del Ejecutivo para modificar las multas, con el objeto de adecuarlas a lo planteado por los senadores. De votarse favorablemente, esta iniciativa pasaría a votación en la Sala del Senado.
El director general de Aguas del MOP, Carlos Estévez, destacó que estos proyectos de ley buscan mejorar el actual marco normativo para enfrentar el cambio climático y la constante demanda por el recurso hídrico, como también reforzar la fiscalización de aguas, a fin de que violar la ley, perjudicar los derechos de terceros y dañar la sustentabilidad de las fuentes naturales, dejen de ser recurrentes.
“Es importante que los regantes, comités de Agua Potable Rural, autoridades y público en general participen en las diversas charlas que la DGA, en conjunto con otros servicios públicos y municipios, está organizando para informar a la comunidad y que ésta pueda aclarar sus dudas y formar su propia opinión. Esta semana hubo conversatorios con el mundo académico en la universidad de La Frontera y comités de APR en Temuco, pequeños agricultores de Lautaro, dirigentas rurales en Talca, dirigentes de APR en San Fernando, consejeros regionales de la región de O’Higgins y continuaremos con este tipo de encuentros”, destacó Estévez.
La reforma que consagra el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, fue aprobada por la sala de la Cámara de Diputados en noviembre del 2016. Luego, pasó a la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, que en enero y marzo de este año, volvió a escuchar a diversos actores. En abril ingresaron las indicaciones del Ejecutivo y parlamentarios.
El 2 de mayo, esta Comisión con los votos de los senadores Adriana Muñoz, Jorge Pizarro y Carlos Montes (en representación de Isabel Allende) aprobó en general la idea de legislar la reforma al Código de Aguas. Hoy, la Comisión Especial de Recursos Hídricos está votando las indicaciones. En las sesiones pasadas, votaron a favor de la modificación del artículo 6 de la normativa vigente, estableciendo que “el derecho de aprovechamiento será de treinta años de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero”. Esto significa que los nuevos derechos que se otorguen, una vez entrada en vigencia la ley, serán por 30 años, prorrogables. Los derechos antiguos, en tanto, mantendrán su carácter de indefinidos.
El martes continuará la votación de la parte final del artículo 6, en lo que respecta a los criterios de disponibilidad y sustentabilidad, dado que se produjo un empate en la votación. Luego, se avanzará en el artículo 20 del Código de Aguas, el que explicita que el titular de un derecho de aprovechamiento de aguas inscrito podrá disponer de él de acuerdo a lo manifiesto en el texto legal. “Esto lo hemos dicho en múltiples oportunidades, todos los dueños de derechos, antiguos o nuevos, podrán disponer, vender o transmitirlos”, destacó Estévez.