Recientemente, Ferepa Biobío acordó apoyar demandas de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca (AFUS) Biobío, en la pronta tramitación del proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función fiscalizadora de este servicio.
El presidente del Directorio, Hugo Arancibia Zamorano, dijo que se precisa que la iniciativa pase a ser ley a la brevedad, materia que hará presente al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce, en reunión que sostendrán en Santiago. Junto con ello, anunció que Ferepa Biobío hará una presentación a la Contraloría para que investigue e informe lo que acontece con embarcaciones de Coronel que tienen asignada una cuota de 700 toneladas del 1 al 31 marzo y han capturado más de 5.000 toneladas de sardina y anchoveta. «Eso quiere decir que hay una distorsión del sistema, que algo está sucediendo y que ahí hay que hay que investigar y será la Contraloría la que nos diga ante qué situación estamos”, citó como ejemplo.
Arancibia advirtió que «de no parar el blanqueo y el subreporte, como país nos veremos enfrentados a una situación mucho más compleja desde el punto de vista de la sustentabilidad pesquera, que es un derecho de todos y está constituido por todos y si no lo respetamos podemos provocar daños muy profundos a futuro».
Aseguró que “del 100% de las capturas entregadas en el periodo que investigamos, el 78,2% corresponde a una supuesta entrega de fauna acompañante en mayor escala, específicamente en Lo Rojas. Esto es lo que nos hace solidarizar con el Sernapesca, que pide más instrumentos de fiscalización. Nosotros siempre hemos estado a favor de la ley, por lo que creemos que aquí se debe investigar cuáles son las responsabilidades tanto del Sernapesca, desde el punto de vista de la fiscalización, como del Intertec, ente que certifica los desembarques o de la propia industria y podamos ver cuál es la situación. Una vez que tengamos la repuesta de la Contraloría procederemos a presentar los recursos judiciales si corresponde», aseguró.
César Acuña Saldaña, secretario general de la AFUS dijo que confían en que se mantenga la suma urgencia, restituida el martes 12 recién pasado para que el proyecto salga antes que termine esta administración a más tardar en el mes de noviembre.
El proyecto de modernización del servicio contempla la revisión y mejora de sanciones a los infractores a la Ley de Pesca, la mejora a la certificación que hoy está en poder de empresas privadas -Intertec- y se busca que sean efectivamente los funcionarios del servicio quienes ejecuten esta de certificación, control de cuotas y de especies que se están capturando.
Apuntó a que la mayoría de los pescadores hace las cosas bien. “No estamos en contra de la pesca artesanal o industrial, pero tenemos que ser autocríticos y empezar a regularizar, porque efectivamente hay una sobreexplotación de algunos recursos y eso no se puede seguir permitiendo», concluyó.