La pesquería de jibia (Dosidicus gigas) en el Pacífico Sur —la más relevante a nivel global— enfrenta crecientes cuestionamientos tras una investigación de la Environmental Justice Foundation (EJF), que evidencia brechas en gobernanza, aumento del esfuerzo pesquero y riesgos para la sostenibilidad del recurso.
De acuerdo con el reporte, esta pesquería concentra el 42% de las capturas globales de calamar, con desembarques que alcanzaron 1.225.798 toneladas en 2023, de las cuales el 99,8% provino del Pacífico Sudeste.
En este escenario, la flota de aguas distantes —principalmente de bandera china— domina la actividad en alta mar, mientras que países como Chile y Perú concentran su operación dentro de sus zonas económicas exclusivas.
Uno de los principales hallazgos del informe es el fuerte incremento del esfuerzo pesquero. Según el análisis, entre 2020 y 2025 se registraron 5,3 millones de horas de pesca en el Pacífico Sudeste, equivalente a un promedio anual de 883.000 horas, cifra 3,25 veces superior a la del Atlántico suroccidental.
En paralelo, comienzan a evidenciarse señales de deterioro del recurso. Evaluaciones presentadas en 2025 muestran caídas en los niveles de abundancia: “El CPUE (Captura por Unidad de Esfuerzo) cayó desde un máximo de 8 toneladas por embarcación por día en 2015 a un mínimo histórico de 2,4 toneladas por embarcación por día en 2024, pese a que el esfuerzo pesquero aumentó en un 13% respecto de 2023”.
Asimismo, el informe indica que en 2024 las capturas totales habrían disminuido en 52% respecto del año anterior, reflejando la presión sobre la biomasa.
Déficit regulatorio en alta mar
El documento advierte que la regulación en aguas internacionales es insuficiente para asegurar la sostenibilidad de la jibia. En particular, cuestiona la ausencia de medidas clave de manejo: “No se han adoptado cuotas ni límites de captura, puntos de referencia, restricciones temporales o medidas sobre la captura incidental, lo que implica que, en la práctica, no existe una gestión de la población de jibia”.
Esta situación contrasta con los marcos regulatorios existentes dentro de las zonas económicas exclusivas de los países costeros.
Otro de los aspectos críticos es el uso extendido de transbordos en alta mar, que permite a las embarcaciones transferir sus capturas sin ingresar a puerto.
“El transbordo en el mar puede facilitar tanto la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada como los abusos de derechos humanos, al reducir el riesgo de que estos delitos sean detectados por las autoridades”, expresa la investigación.
Según el reporte, esta práctica dificulta la trazabilidad y aumenta el riesgo de que productos de origen irregular ingresen a las cadenas de suministro globales.
Chile: regulación y enfoque selectivo
En este contexto, el informe permite contrastar la situación con países como Chile, cuya pesquería de jibia cuenta con un marco normativo específico.
La flota chilena —compuesta por cerca de 1.800 embarcaciones artesanales, de las cuales el 98% mide 12 metros o menos— opera con línea de mano, tras la implementación de la ley que prohíbe el arrastre para este recurso.
En 2023, Chile registró desembarques por 105.197 toneladas, mientras que las exportaciones alcanzaron US$178 millones en 2024, con un aumento de 56,2% respecto de 2023.
Sin embargo, el documento también advierte desafíos asociados al uso de puertos en la región por parte de flotas extranjeras, lo que podría tensionar los sistemas de control.
El informe concluye que la situación de la jibia en el Pacífico Sur refleja una brecha entre pesquerías reguladas dentro de las ZEE y la actividad en alta mar.
“Es fundamental que los Estados de bandera, costeros, portuarios y de mercado colaboren para apoyar propuestas de cambio que permitan que la pesca de calamar sea sostenible, transparente y ética”, finaliza.
En este escenario, la cooperación internacional aparece como clave para fortalecer la gobernanza del recurso y reducir los riesgos asociados a la falta de control en aguas internacionales.
Fotografía: Archivo Editec