(El Mercurio) Asumió como presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) en marzo pasado en medio de una profunda reestructuración del principal gremio de este sector. Francisco Orrego Bauzá, abogado de la UC y ex subsecretario de Minería del gobierno del Presidente Piñera, es el primer «afuerino» en timonear la entidad pesquera, y le ha tocado enfrentar una de las mayores crisis que ha tenido esta actividad, derivada del caso Corpesca, empresa del grupo Angelini.
Los pagos del ex gerente general de esta compañía, Francisco Mujica, al senador Jaime Orpis (UDI) y a la diputada Marta Isasi (Ind) desencadenaron una crítica a cómo se gestó la ley de Pesca, cuyo trámite legislativo culminó en 2012 y está vigente desde 2013. Hoy en varios frentes piden cambiar esta normativa. Orrego defiende la actual ley, alerta del profundo daño que implica para el país desconocer la institucionalidad vigente y hace una autocrítica del actuar de los empresarios pesqueros.
¿Fue la ley de pesca hecha a la medida de la industria?
Esta ley fue un acuerdo completo, de todos los sectores, y no fue hecha a la medida de las empresas pesqueras. Es más, el sector industrial hizo grandes concesiones: renunció a derechos históricos que tenían carácter indefinido y los canjearon por permisos con duración limitada a 20 años renovables bajo condiciones de caducidad muy estrictas. Y lo otro es el fraccionamiento, donde el sector industrial renunció a favor del sector artesanal. En total, el sector renunció a 200 mil toneladas de cuotas, unos US$ 50 millones.
Ya que hicieron concesiones, ¿quieren cambiar la ley o no?
No. La ley dio un marco institucional estable y de largo plazo a todos los actores del sistema. Por eso nos preocupa hoy esta campaña por la derogación de la ley de pesca. Nunca se ha derogado una ley en Chile. Hacerlo para que vuelva la situación a fojas cero es volver a la ley anterior: carrera olímpica, permisos indefinidos, el peor de los mundos.
¿Qué tan deslegitimada está la ley por el caso Corpesca?
La institucionalidad pesquera en Chile va más allá, y no se agota con Corpesca. Descansa en normas, principios y regulaciones de largo plazo. Nos preocupa que a partir de una situación particular, dentro del marco de una crisis por el financiamiento a la política, se pueda poner en peligro esta estabilidad institucional.
Hasta ahora no se ha podido comprobar que el sector industrial incurrió en algún financiamiento irregular para obtener alguna votación tendenciosa. Hasta ahora solo hay rumores, teorías y sospechas. Cuando haya un fallo condenatorio, evaluaremos como gremio cuál es la mejor decisión que haya que adoptar. Me preocupa que a raíz de la situación particular de Corpesca se ponga en riesgo la estabilidad y la certeza jurídica para todo el sector pesquero.
Pero Corpesca es la empresa pesquera más grande del país…
Por supuesto, pero plantear la derogación de la ley es irresponsable, porque afecta a todos, pasa a llevar a los artesanales tanto como a los industriales; significa retroceder décadas en materia de sustentabilidad y recuperación de las pesquerías; significa dar una señal de ser un país poco serio, cuando el Gobierno y la Presidenta Bachelet están buscando dar la señal de que somos un país serio, confiable, no populista y que respeta el derecho de propiedad.
Detrás de esta campaña por derogar la ley de pesca subyace el interés de erosionar uno de los pilares de la institucionalidad económica de este país, como es el derecho de propiedad.
La empresa Lota Protein quiere cambiar la ley. ¿No será que hay falencias en la normativa?
Estamos en un escenario político-económico complejo y convulsionado, y hay quienes han visto el momento propicio para obtener ciertas ventajas pequeñas y defender sus intereses particulares. Y ahí identificamos a tres grupos de interés. Uno es Lota Protein, que ve una oportunidad para ampliar sus cuotas de mercado. En forma previa y durante la tramitación de la ley hicieron un lobby muy intenso para propender a una licitación completa de los derechos de pesca. Y ese esfuerzo por influir en la opinión pública ha continuado (…) y por ello contrató a la directora de Codelco Laura Albornoz.
Vemos también en esta campaña un grupo de pescadores artesanales de escasa representación (Condep) para ejercer presión y aumentar cuotas para los artesanales. Y el tercer grupo son algunos parlamentarios con posturas más extremas y rupturistas. Los dos más representativos son el senador Alejandro Navarro (MAS) y el diputado Hugo Gutiérrez (PC).
Echo de menos una investigación de la relación que existe entre estos tres grupos y cuál es el financiamiento de esta campaña.
¿Sospecha que Lota Protein financia a los otros grupos que se oponen a la ley de pesca?
No me atrevo a decir eso, no tengo pruebas, pero no deja de ser curioso que estos tres grupos salgan al mismo tiempo a cuestionar la ley.
Si hay fallo condenatorio para ex ejecutivos de Corpesca y otras, ¿habría que rescindirle los permisos de pesca a esa empresa?
Ni los detractores más extremos han planteado esta opción. Chile es un país donde impera el Estado de Derecho, y esta posibilidad no está contemplada en ninguna parte de la legislación (…) Es como si en el caso de otras empresas, que también están en problemas, se pudieran caducar las concesiones mineras, las concesiones eléctricas en el caso de Endesa. Imagine que a raíz de la decisión de un ejecutivo en particular se vean afectados todos los accionistas que no tenían mayor injerencia en la actuación de esa persona o los trabajadores, que no sabían nada de cómo actuaba.
Si hay una condena judicial, ¿qué van a hacer con la membresía de Corpesca en el gremio?
El caso particular de Corpesca ocurrió durante un período donde la empresa no formaba parte de Sonapesca. Por lo tanto, mal podríamos nosotros pronunciarnos por hechos o situaciones que la afectaron en ese tiempo.
Eso no significa que como gremio, bajo mi administración, nos quedemos de brazos cruzados. Parte importante de los desafíos que tenemos es abordar los aspectos de valores corporativos y elaborar una guía o manual de mejores prácticas para la industria.
¿Tiene mala reputación la industria pesquera?
Parte importante del trabajo que tenemos que hacer tiene un fuerte componente de autocrítica. Pero es muy injusto afirmar que las investigaciones sobre financiamiento irregular a la política se circunscriban solo y únicamente a la industria pesquera.
¿Cuál es la autocrítica de su sector?
Hemos cometido errores. Por ejemplo, no hemos sabido transmitir el verdadero aporte que hace este sector a la economía del país. La Presidenta Bachelet nos incluyó entre los ejes económicos prioritarios. El sector pesquero genera más de 160 mil empleos directos a lo largo del país, con una remuneración promedio de más de $700 mil, por sobre la construcción, la agricultura y el comercio, solo superado por la minería y la administración pública. Por eso encuentro esta mala fama muy injusta.
Si hay una condena contra el senador Jaime Orpis, ¿debería este renunciar al Senado?
Conozco al senador Orpis como conozco a varios otros senadores de distintas bancadas, y lo peor que podría hacer yo, tanto a él como a cualquier otra persona por la cual uno tiene respeto y de alguna manera admiración por lo que ha sido su carrera política, es dar consejos por la prensa. Llegado el momento, es una decisión que cae dentro del ámbito personal.
Propuesta de ex ministro Fontaine: «Es una visión 100% ideológica»
Cuando Juan Andrés Fontaine era ministro de Economía, fue partidario de licitar el 50% de la cuota. ¿Estaba equivocado?
Esa es una visión 100% ideológica (…) El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció al respecto en 2011 y dijo que no es estrictamente necesario implementar un mecanismo de subastas o licitaciones como método de asignación de cuotas pesqueras. Además, la ley contempla licitaciones de 15% de las pesquerías a todo evento, con la excepción de aquellas colapsadas, aspecto que fue transversalmente apoyado.
Cada vez hay menos recursos pesqueros. ¿No será una licitación, más de ese 15%, la forma de asignar mejor un recurso escaso?
El mecanismo para recuperar las pesquerías no está dado por la asignación inicial de las cuotas. Quienes proponen o creen que la licitación puede recuperar las pesquerías, están equivocados. Puede que cuando vayamos recuperando la pesquería de un recurso específico se licite esa porción (que se recuperó), pero no nos peleemos entre todos lo poco que hay.
Y otra cosa: no nos oponemos a las licitaciones como un criterio de asignación inicial, pero tratándose de actividades o pesquerías nuevas.
¿Por qué se debieran respetar los derechos históricos de pesca?
Los actores industriales desarrollaron una actividad económica nueva hace 50 años, donde no solo invirtieron recursos, sino que generaron la actividad a partir de permisos de pesca que eran indefinidos. Haber tomado esta actividad como si fuera nueva, desconociendo todo lo que se hizo hacia atrás, hubiese sido en la práctica una verdadera expropiación para quienes habían desarrollado ese sector de la nada».
Plantear la derogación de la ley es irresponsable (…) significa dar una señal de ser un país poco serio, cuando el Gobierno y la Presidenta Bachelet están buscando dar la señal de que somos un país serio, confiable, no populista.
No hemos sabido transmitir el verdadero aporte que hace este sector: genera más de 160 mil empleos directos a lo largo del país, con una remuneración promedio por sobre $700 mil.
Queremos seguir trabajando tranquilos y seguir aportándole a este país. No necesitamos una nueva ley de pesca; necesitamos y exigimos seguridad y estabilidad en las reglas del juego.
Me preocupa que a raíz de la situación particular de Corpesca se pongan en riesgo la estabilidad y la certeza jurídica para todo el sector pesquero.