La mañana del lunes 26, recién pasado, Fundación Terram ingresó un escrito en la Contraloría General de la República solicitando a dicho organismo pronunciarse sobre las posibles ilegalidades incurridas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) por no fiscalizar y caducar concesiones salmoneras ubicadas al interior de áreas protegidas.
La denuncia se realizó luego de que la organización publicara una investigación periodística donde identificó que 280 concesiones ubicadas al interior de 5 áreas protegidas de la Patagonia chilena se mantendrían vigentes pese a haber incurrido en causal de caducidad de acuerdo a lo señalado en el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura, por no iniciar operaciones durante un año desde entregada la concesión, o bien por suspender actividades por más de dos años desde la última cosecha realizada.
Según Pablo Rojas, abogado de Fundación Terram, “de acuerdo al registro de operatividad de Sernapesca, la omisión de las autoridades permitió que 110 centros de cultivo de salmones pudieran operar después de haber incurrido en alguna de las causales de caducidad establecidas en la ley”.
Las concesiones en situación de caducidad se ubican en la Reserva Forestal Las Guaitecas y en los Parques Nacionales Isla Magdalena y Laguna San Rafael, en la Región de Aysén, y en la Reserva Nacional Kawésqar y en el Parque Nacional Alberto De Agostini, en la región de Magallanes.
Junto al pronunciamiento sobre la posible ilegalidad en que habrían incurrido la SS.FF.AA., Sernapesca y Subpesca, la ONG solicitó que se inicie una auditoría para fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre caducidades de concesiones salmoneras, e iniciar procedimientos disciplinarios en el caso de detectar irregularidades en dichos organismos.
Demoras y congestión administrativa
Al ser consultados al respecto, desde el Consejo del Salmón explicaron que “la salmonicultura chilena enfrenta hace varios años una importante demora y congestión administrativa en distintos trámites frente a varios servicios públicos, entre ellos, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas respecto de las concesiones acuícolas, lo que causa costos innecesarios y falta de certeza jurídica”.
“Fundación Terram presenta un tema que es de suma urgencia para la salmonicultura y que como gremio hemos advertido en diversas reuniones con organismos públicos y que es la significativa demora que existe, actualmente, en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para los trámites de suspensión de actividades de concesiones que estipula la ley”, agregaron desde el gremio.
El Consejo del Salmón continuó comentando que “según cálculos de la industria, existen alrededor de 400 solicitudes de las empresas de prórroga de suspensión de operaciones pendientes de resolución por parte de la Subsecretaría lo que es, sin dudas, grave. Al no contar con la resolución necesaria que debiese entregar a tiempo la Subsecretaría, las concesiones de acuicultura son consideradas por Sernapesca en causal de caducidad y esto representa una fuente de incertidumbre jurídica para la actividad productiva, afectando la operación y la planificación de las siembras, las inversiones, y la toma de decisiones futuras de las empresas salmonicultoras”.
Concluyeron desde el gremio que “respecto a los alcances de la investigación de la Fundación Terram, que concluye que existirían posibles ilegalidades por la no caducidad de estas concesiones por paralizar más de dos años, es importante precisar que las solicitudes de extensión de prórrogas que contempla el artículo 69 bis de la Ley de Pesca y Acuicultura establecen que el titular de la concesión puede solicitar a la Subsecretaria de Fuerzas Armadas la ampliación del plazo de suspensión de las operaciones, por el equivalente al doble del tiempo de operación que haya antecedido a la paralización con un máximo de cuatro años. Esto permitiría paralizar operaciones en ciertas concesiones por hasta cuatro años adicionales, si se cumplen los supuestos. En esa línea, y siguiendo el artículo 69 bis, las empresas productoras han ingresado cientos de solicitudes de ampliación de plazo de paralización y la demora en la tramitación de las señaladas prórrogas de paralización son tales, que una empresa habitualmente debe esperar varios años antes de obtener la resolución que confiere la prórroga del plazo de paralización, lo que podría ser la razón que explica las supuestas ilegalidades que la Fundación Terram planteó en su análisis; y que no son tales”.
Fotografía: Fundación Terram