(El Mercurio) En medio de la polémica por la Ley de Pesca, el presidente de la Asociación de Operadores del Bacalao de Profundidad de Magallanes y presidente de Globalpesca, Eduardo Infante, pidió elevar los recursos disponibles para investigación pesquera. En la actual normativa se le dio mucha preponderancia a la ciencia para determinar las cuotas de extracción. Pero a su juicio, faltó garantizar los recursos necesarios para realizar esta labor; por lo cual, «la experiencia actual hasta ahora ha sido desastrosa», señala Infante, quien agrega que «en algunos casos, como el del bacalao de profundidad, se ha hecho un daño tan irreparable como innecesario a la industria».
El empresario cuenta que en el 2015, el gremio que dirige organizó un seminario científico e invitó a los miembros del Comité Técnico Científico que, en conformidad a la Ley de Pesca, asesora en la determinación de cuotas. Pero «no asistieron por falta de presupuesto para viajar a Punta Arenas», reclama. Señala que la entidad técnica tiene un «presupuesto paupérrimo que solo alcanza para cuatro reuniones al año». Y eso que solo en permisos de pesca subastados, el Estado ha percibido más de US$ 54 millones en 20 años, dice.
En general, existe una gran valoración en la industria del enfoque científico de la norma de pesca. El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, dijo hace una semana a «El Mercurio» que «esta ley ha cambiado el enfoque y la óptica de los propios pescadores, artesanales e industriales, quienes hoy tienen en la sustentabilidad y cuidado de las especies su principal objetivo». Esta compañía, que cuenta con más de 3.000 accionistas y está ligada a la familia Fernández-García, contribuye al Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM), que busca determinar la condición del recurso pesquero.