Las 13 comunidades que conforman la organización Lafken Mapu Newen, de Teodoro Schmidt en la Araucanía, están cada vez más cerca de contar con un espacio marítimo delimitado para ejercer su derecho consuetudinario.
Se trata de 26 mil hectáreas entre los sectores Budi y Toltén, que bajo la Ley de concesiones marinas conocida también como Ley Lafkenche, pasarán posteriormente a manos del pueblo indígena de la comuna, y les permitirá la administración de 5 millas de todo el litoral.
El director zonal de Subpesca en Araucanía y Los Ríos, Guillermo Rivera, señaló que se dio un paso muy importante al recibir de parte de la Armada de Chile, la destinación marítima. “Ahora, lo que viene es la preparación del Plan de Administración que debe presentar la organización. Para eso, se contempla un plazo de diez meses y nosotros junto a Sernapesca, en su rol fiscalizador, esperamos acompañarlos en el proceso, de modo tal que las comunidades Lafkenches queden conformes y el plan sea lo que ellos realmente esperan”.
El director (s) de Sernapesca Araucanía, Ricardo Torrijos, explicó que el Plan de Administración que deben elaborar las comunidades debiese reflejarse en un instrumento que permita proyectar el uso a futuro que hará la comunidad de esa destinación.
Por su parte, Virginia Caullán, secretaria de la Asociación Lafken Mapu Newen, indicó que vienen realizando reuniones periódicas junto al consejo de Lonkos de Teodoro Schmidt, y son permanentemente asesorados por un equipo del municipio. “Somos los primeros en la región de ganar este derecho ancestral, y queremos hacer un trabajo bien hecho para hacer historia. Estamos recién empezando y esperamos salir adelante. Nosotros como mapuche jamás vamos a sobreexplotar el mar, y eso se verá reflejado en nuestro plan de administración, siempre pensamos en el futuro de nuestros hijos y el de las próximas generaciones”, sostuvo.
El Espacio Costero Marítimo para Pueblos Originarios (ECMPO), como figura de administración se rige por la Ley 20.249/2008, y tiene como objetivo resguardar el uso consuetudinario a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas vinculadas al borde costero. La ley establece, además, que se respetan los derechos ya constituidos por otras figuras de administración y por los otros usuarios del borde costero.