A pesar de las buenas intenciones del cuerpo legal, diversos conflictos se han presentado respecto a su aplicabilidad, que conjuga una dinámica y compleja regulación, sumado a la variada naturaleza de usuarios y actores del borde costero.

Por medio de una declaración pública, las comunidades changas de la región de Atacama y Coquimbo, rechazaron la instalación del proyecto Dominga y declararon como inválido el procedimiento de Evaluación Ambiental.

«No genera confianza, ya que se desconoce a quiénes representa, puesto que no reconoce a la mayoría de organizaciones representativas del pueblo Chango, a las cuales ha deslegitimado y denigrado públicamente, incluyendo a las familias y organizaciones changas históricas», es uno de los puntos subrayados.

«Yo creo que todo el mundo entiende que las relocalizaciones son necesarias», dijo Carlos Odebret en conversaciones con AQUA, donde se refirió también a los efectos de la Ley Lafkenche y la operación en parques nacionales.

El informe de la Comisión Mixta deberá ser ratificado por la Sala del Senado y luego por la Cámara de Diputados y Diputadas.

Claudio Torres enfatizó que los mitilicultores de Calbuco -y de la región- necesitan acciones urgentes en temas como la Ley Lafkenche, que regula la destinación, administración y término de todo espacio costero marino de los pueblos originarios.

El acuerdo tiene como objetivo relevar el aporte y rol de los pueblos originarios, de las comunidades costeras y, en especial, de las mujeres en tareas tradicionales y ancestrales vinculadas con la pesca y la acuicultura.

Buscará conservar la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sostenible de genes, especies y ecosistemas.

«Hemos intentado conversar, pero no se ha podido. Se han entregado demasiadas extensiones de mar, lo que daña nuestra actividad económica que es el sustento de mucha gente», expresó uno de los dirigentes.