Durante la crisis del virus ISA, se vivió de manera paralela al desafío sanitario y económico que tuvieron las empresas productoras, uno de igual importancia y que pondría al país como un referente en la manera de enfrentar una crisis de esas características, que fue la reforma a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) a través de la Ley N°24.434.
Fue así como a principios de 2010 fue publicada esta reforma, entregando nuevas facultades normativas y de fiscalización para la acuicultura, para posteriormente, en 2012, aprobarse la Ley N°20.583, que buscaba mejorar el alcance de normas sanitarias y de ordenamiento territorial.
“Ambas modificaciones legales han sido fundamentales para la regulación sectorial y la creación de nuevos reglamentos que van en el sentido de contar con una mejor regulación sanitaria y ambiental”, explicó la jefa de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), Constanza Silva.
“Algunos de los elementos contenidos en la ley, que favorecen la gestión sanitaria general, tienen que ver con la creación de Agrupaciones de Concesiones de Especies Salmónidas (ACS), el mandato de descansos sanitarios coordinados de estas últimas, la norma de densidades de cultivo, la creación de un registro oficial para certificaciones ambientales y sanitarias, también la modificación que mandata que los informes medioambientales ya no sean realizados por mismos titulares. Igualmente, cabe señalar, la importancia de la ley que modernizó el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”, agregó.
La jefa de la División de Acuicultura desarrolla además que una importante herramienta generada con esta legislación corresponde a la norma de densidades de cultivo, mediante la cual se determina el número de peces máximo a ingresar por unidad de cultivo, considerando tanto resultados sanitarios y ambientales, como la zonificación en el escenario de ocurrencia de enfermedades de alto riesgo.
En el marco de este mismo reglamento, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), dictó el Programa Sanitario Específico de Vigilancia de la Anemia Infecciosa del Salmón, mediante el cual se establece una vigilancia sanitaria periódica, con técnicas diagnósticas más modernas de los centros de cultivo de agua dulce y mar, además de considerar diferentes herramientas normativas y epidemiológicas para contener un eventual brote de la enfermedad.
“Igualmente se realizaron modificaciones en la normativa para la importación de especies hidrobiológicas vivas, en específico para salmones, lo que ha permitido resguardar el estatus sanitario del país y, por otro lado, la disminución de la importación de ovas ha generado que la reproducción de especies salmónidas, bajo estrictos protocolos de bioseguridad, se realice en Chile”, añadió Constanza Silva.