La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) sostuvo que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) comunicó el cierre de un proceso de participación ciudadana para recoger visiones y propuestas de reformas a la Ley de Pesca luego de 100 encuentros de Arica a Magallanes, sin embargo en ninguno participó el sector industrial; por esto, la presidenta del gremio, Macarena Cepeda, aseveró que «buscar regular un sector productivo escuchando solo a la mitad de los actores que participan en la actividad pesquera, no es un proceso de participación válido. De hecho, es a todas luces discriminatorio».
La ejecutiva dijo que «nos duele que la autoridad pesquera de Chile sienta ‘orgullo y satisfacción’ por las más de 100 reuniones que ha tenido y haya comunicado el cierre de este proceso y no haya considerado en su agenda visitar plantas y barcos, ni dialogado con nosotros ni con los dirigentes de los trabajadores que componen la pesca industrial».
Añadió que el Biobío es la capital pesquera industrial de Chile, donde existen 22 plantas, 45 embarcaciones y más de 6.000 trabajadores. «Es la pesca industrial del Biobío la que produce el 90% de las conservas de pescado en Chile y es aquí donde se desembarca casi el 58% de pesca industrial y artesanal a nivel nacional. Pese a esta enorme realidad, que aporta con desarrollo en la región, el gobierno prefiere no escuchar a la pesca industrial ni conocer su realidad», apuntó Macarena Cepeda.
La presidenta de la Asipes lamentó la «actitud de la Subpesca al no querer conocer esta actividad productiva y exportadora. Todo indica que el gobierno optará por escuchar solo a una parte de los actores pesqueros y asumir sus demandas como propias, lo que es negativo cuando se trata de una ley que regirá a todo el sector pesquero chileno».
Concluyó que esperan reunirse en Talcahuano, Coronel o Tomé con el subsecretario sectorial, Eduardo Riquelme, «para que conozca la realidad del sector y entregarle las propuestas de perfeccionamiento a la Ley de Pesca, pero además, para solicitarle al gobierno que tome las mismas medidas ofrecidas tras el cierre de IANSA a los 900 trabajadores de las plantas de jibia que perderán sus empleos de prosperar la moción parlamentaria que obliga a la industria a capturar a mano este recurso».