(La Tercera) El lunes pasado (16 de diciembre), un día después de que Michelle Bachelet ganara las elecciones presidenciales en segunda vuelta, el equipo asesor en temas internacionales de la abanderada de la Nueva Mayoría fue reactivado de urgencia, para preparar el trabajo con miras a la lectura del fallo de La Haya, previsto para el 27 de enero próximo.
El grupo, liderado por el ex ministro de Defensa y ex embajador José Goñi, se reunió en una residencia en la comuna de Providencia (Región Metropolitana) a las 18:00 hrs., bajo compromiso de mantener absoluta reserva del encuentro. A la cita llegaron el ex embajador Luis Maira, el ex canciller Mariano Fernández, el ex director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Juan Somavía, el ex jefe de la Dirección General de Relaciones Económicas de la Cancillería Carlos Furche y el cientista político Marcos Robledo, quien fuera asesor en temas internacionales de Bachelet durante su anterior administración.
El equipo lo componen algunos de los expertos en política exterior que suenan con fuerza como posibles cancilleres del futuro gobierno, debido a la cercanía que mantienen con la ex mandataria. Incluso, dirigentes de la Nueva Mayoría sostienen que podrían ser la base de uno de los proyectos propuestos en el programa de gobierno de Bachelet: la instalación en el segundo piso de La Moneda de un centro de coordinación política de alto nivel en temas internacionales. El objetivo es crear un sistema nacional integrado de política exterior, que permita aunar criterios y esfuerzos de todos los ministerios, entes empresariales y organizaciones no gubernamentales.
El viernes 13 de diciembre, el comando pidió a Goñi, como responsable operativo del grupo internacional, que convocara de inmediato a las personas que habían estado siguiendo el tema de La Haya. En la mañana de ese día, antes de iniciar el receso de vacaciones de fiestas de fin de año, los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciaron que la lectura del fallo en el juicio por límites marítimos interpuesto por Perú en contra de Chile sería el 27 de enero.
Tanto en el comando como en el equipo internacional de Bachelet, se prevé que la sentencia de la corte de La Haya será uno de los momentos más complejos del proceso de transición entre el saliente Gobierno de Sebastián Piñera y la asunción de la entrante Nueva Mayoría.
Por eso, en la reunión del lunes, se reiteró el criterio de respaldar el trabajo desempeñado por la defensa de Chile. Entre los asesores de Bachelet hay consenso respecto de que en las diferentes etapas del juicio, Chile presentó sus argumentos de la mejor forma posible.
Sin embargo, también hay consenso de que uno de los escenarios posibles es que el fallo sea, en algunos aspectos, adverso para Chile. Por lo mismo, se revisaron las diversas opciones, desde una derrota completa para Chile, si es que la corte desestima la existencia de un tratado de límites con Perú y modifica el paralelo, hasta una derrota parcial, en caso de que los jueces de La Haya solo le concedan a Lima el llamado triángulo marítimo exterior o modifiquen el punto de inicio de la frontera marítima. Para cada una de estas situaciones se evaluaron diseños de reacción.
La recomendación básica que se entregó al comando es que la primera respuesta al fallo por parte de la presidenta electa y los dirigentes de la Nueva Mayoría sea breve y prudente. Solo después de un análisis detallado, dos o tres días después de conocida la sentencia, se podría dar espacio a una reacción más acabada.
Bachelet ya había recibido en agosto un informe detallado de los escenarios del fallo y cursos de acción de manos de este equipo asesor. Entonces se especulaba con la posibilidad de que la sentencia saliera en medio de la campaña presidencial y existía temor de que el caso fuera utilizado para hacer política interna. Por esa razón, el comando constituyó en junio, antes de que se conformaran los equipos programáticos, este grupo de análisis y seguimiento del caso de La Haya.
Para elaborar el informe, Goñi y Maira conversaron en varias ocasiones con el agente de Chile en el juicio, Alberto van Klaveren, y con abogados que conocían el caso, pues se habían desempeñado en el comité asesor de la Cancillería por el litigio de La Haya, entre ellos, los ex subsecretarios Edmundo Vargas, Edgardo Riveros y Carlos Mackenney. También utilizaron el trabajo de los talleres de política internacional que encabezó Maira en la fundación Dialoga, a los que asistía regularmente Marcos Robledo.
En los debates hubo divergencias frente a la política de acercamiento a Perú impulsada por el Gobierno de Piñera, pese a la demanda. Para algunos, como Mariano Fernández, aceptar la estrategia de cuerdas separadas propuesta por Lima pudo haber dado señales equívocas a los jueces de La Haya e influido en que tomaran en consideración elementos políticos al momento de dictar sentencia. Otros plantearon que el fallo no serviría por sí mismo para abrir una nueva etapa en las relaciones bilaterales y dejar atrás las desconfianzas que se arrastran desde la Guerra del Pacífico, si los gobiernos no hacían un esfuerzo por abrir un proceso de integración bilateral.
En lo que hubo unanimidad fue que el fallo debe ser acatado y ejecutado, aunque los expertos han dado a entender que este último proceso podría extenderse por meses y hasta años, pues implicará modificar cuerpos legales y la creación de comisiones bilaterales.
Declarar inejecutable el fallo nunca estuvo entre las alternativas propuestas. Ni siquiera se consideraba posible hasta que se conoció la decisión de Colombia de acatar pero no ejecutar el fallo en el litigio con Nicaragua. Pero tras la sorpresa inicial ante la reacción del Gobierno del Presidente José Manuel Santos, la conclusión unánime del equipo asesor de Bachelet fue que se trataba de una estrategia negativa para Colombia, pues solo ganaba algo de tiempo a costa del descrédito internacional. El análisis del grupo fue que Colombia terminaría de todas formas ejecutando la sentencia. Nicaragua ya ha presentado nuevas acciones ante la corte de La Haya para apresurar ese proceso.
El equipo bacheletista también evaluó los escenarios políticos internos que podrían producirse como consecuencia del fallo. Varios de los asesores de la candidata en materia internacional admiten que había preocupación ante la posibilidad de que el Presidente Sebastián Piñera trasladara la mayor parte de la responsabilidad de una eventual derrota de Chile al primer Gobierno de Bachelet. Los temores se habían acrecentado a mediados de año, luego de que en algunas entrevistas, el Mandatario remarcara el hecho de que los argumentos que sostenían la defensa de Chile ante La Haya, como los equipos responsables del caso, venían de la administración anterior.
También les inquietaba que en caso de que la corte modificara los límites marítimos, el actual Gobierno dilatara un pronunciamiento.
Por eso, durante la reunión del lunes, el equipo asesor de Bachelet para el tema de La Haya evaluó positivamente las declaraciones que realizó el Jefe de Estado el viernes pasado, tras conocerse la fecha del fallo, cuando puntualizó que se trataba de una política de Estado. “Esta no es la defensa de un gobierno. Es la defensa de todo un país”, dijo Piñera. Otra de las intervenciones consideradas tranquilizadoras por los asesores de Bachelet fue la del ministro de Defensa y cercano colaborador de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, quien dijo que “además del compromiso de acatamiento del fallo, debemos instar a que ambos pueblos asuman con tranquilidad y prudencia el periodo de cumplimiento del fallo”.
Sus declaraciones no solo trajeron calma al comando, sino que, además, llevarían más tarde a Bachelet a afirmar que era “una convencida de que todos deben ponerse detrás del Presidente en esta materia”.
Piñera agenda ronda de reuniones
Por otra parte, La Tercera también informó que por alrededor de tres horas estuvo reunido este viernes 20 de diciembre el canciller Alfredo Moreno con el comité de ex ministros de Relaciones Exteriores para analizar, entre otras materias, el fallo que entregará el 27 de enero la Corte Internacional de La Haya, por el diferendo marítimo con Perú.
En la cita estuvieron también el agente ante el tribunal internacional, Alberto van Klaveren, y la coagente María Teresa Infante, además del subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva.
La reunión de Cancillería con el grupo de ex ministros se enmarca en la intensa agenda de encuentros que sostendrán Moreno y el Presidente Sebastián Piñera con diversos actores políticos, con la idea de que el veredicto sea abordado como una política de Estado. El gobierno, según han sostenidos altas fuentes, intenta contener las recriminaciones que puedan surgir dependiendo del resultado del veredicto y comenzar a explicitar también los eventuales escenarios de lo que sería la ejecución de este.
En ese contexto, Moreno, el único que efectuó declaraciones después de la reunión, precisó que, durante enero, Piñera va a reunirse con los presidentes de partidos políticos y “seguramente va a volver a tener reuniones con los ex presidentes (de la República)”. Además, dijo, se reunirá el Consejo Asesor para el Límite Marítimo, compuesto por ex embajadores y directores jurídicos, entre otras figuras.
En la cita del viernes, dijeron fuentes de Gobierno, no participaría la Presidenta electa, Michelle Bachelet, ya que Piñera sostendrá una reunión con ella en enero para analizar, entre otros temas, la respuesta ante el fallo de la corte.
Bachelet -quien recibió la presentación de la demanda peruana en 2008- dio señales en ese sentido esta semana, asegurando que “iremos detrás del Presidente, en el sentido de apoyar todo lo que ha hecho y dicho”.
El viernes, Moreno insistió en pedir, durante la reunión, mantener una sola voz ante el dictamen y reaccionar con unidad. “Vamos a seguir trabajando absolutamente unidos, como es la política de Estado que corresponde a este tema, porque este es un tema que no pertenece a la izquierda, a la derecha, ni a un gobierno ni a otro”, dijo el canciller a la salida.
Con todo, dicen quienes participaron de la reunión, uno de los temas que se abordaron en la cita fue la negociación de Chile por el Trans-Pacific Partnership (TPP), que incluye una docena de países del Pacífico y establecerá regulaciones específicas en temas como propiedad intelectual.
Ignacio Walker y Juan Gabriel Valdés fueron los encargados de poner sobre la mesa los reparos del bloque opositor al “secretismo” con que se ha manejado el tema, ante lo cual Moreno -dicen las mismas fuentes- recordó que la cláusula de confidencialidad se gestó en el gobierno anterior. Además, dio una señal de tranquilidad, afirmando que el acuerdo no será firmado antes de abril -Bachelet asume en marzo-, y se comprometió a entregar toda la información en curso.
Según la misma versión, el TPP fue uno de los temas que abordaron Piñera y la electa mandataria en su encuentro del lunes.