Aduciendo silencio del Gobierno central y pidiendo la instalación de una mesa de diálogo, representantes de las 15 organizaciones sindicales y de las entidades afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que componen la denominada Mesa del Sector Público (MSP), confirmaron la convocatoria de un «paro nacional de advertencia» para el próximo martes 17 de octubre.
De llegar a ese día sin una propuesta del Ejecutivo, esta movilización podría aglutinar a cerca de 400.000 trabajadores que están agrupados en la MSP.
«Estábamos a la espera que el Gobierno reaccionara y diera una señal concreta, tan solo para instalar la mesa de negociación, y es evidente que ante el silencio del Ejecutivo, los trabajadores del Estado vamos a responder con la capacidad que tenemos de movilizarnos y de hacer que nuestras demandas y exigencia de diálogo y negociación se escuchen a lo largo de todo Chile», comenzó diciendo el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza.
Más adelante, el dirigente aseguró que intentaron «por todos los medios que esto no coincidiera con el programa electoral, pero no vamos a ceder al chantaje y de que este proceso eleccionario se convierta en una condicionante a nuestra movilización. Es así como este 17 de octubre los trabajadores públicos, las 15 organizaciones que son integrantes de la MSP, en conjunto con la CUT, haremos sentir nuestra voz a lo largo del país para que el Gobierno tenga claro que no puede seguir postergando el sentarse a conversar con los trabajadores». A lo que añadió: «Esperamos que los ministros reaccionen prontamente, porque lo que quiere esta mesa es negociar y buscar un acuerdo, pero para eso se requiere de la contraparte del Gobierno central».
El Pliego de Negociación entregado hace dos meses por la MSP no solo contiene las demandas económicas -solicitan un reajuste nominal del 6%-, de nivelación y universalización de derechos y beneficios, sino también continuidad de la implementación del Protocolo de Acuerdo del 2014, cobertura universal directa, condiciones laborales y garantías sociales de los derechos de los trabajadores del Estado, entre otros.