Desde el Consejo del Salmón de Chile manifestaron que “valoramos que se haya logrado un acuerdo y se haya puesto fin al paro para evitar  problemas de abastecimiento de la población, así como para restablecer la seguridad y que las cadenas productivas funcionen correctamente».

El seremi de Economía informó que “la movilización de los camioneros ha tenido impacto en los sistemas productivos de la industria acuícola, principalmente, la mitilicultura y salmonicultura”. El intendente, por su parte, manifestó que se estará evaluando la situación para asegurar el abastecimiento de la población y de los sectores productivos.

Así lo afirmó la presidenta del Sindicato Interempresa de Conductores de la Zona Sur, Heidi Stange, quien además explicó que el modus operandi de la paralización es bloquear exclusivamente el paso de camiones y que las máquinas estarán paralizadas a un costado de la carretera.

La presidenta del Sindicato Interempresa de Conductores de la Zona Sur, afirma que «queremos que el Gobierno sancione estas conductas (ataques a camiones) y que haya una ley que realmente valga la pena y nos proteja”.

La propuesta, ratificada en tercer trámite en la Cámara, viene a enmendar la Ley de Pago a 30 días, en lo principal, para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de las facturas.

La discrepancia con el Senado radicaba en una norma impulsada por la Cámara de Diputadas y Diputados que limitaba el acceso del beneficio solo para los trabajadores de las pymes, en el entendido que las grandes empresas podían asumir el alza remuneracional. Con el rechazo, no habrá norma sobre ese punto.

Preocupación existe en la Central de Trabajadores de Chile, específicamente en los sindicatos de pesca, respecto del virus y la actitud que adoptan las empresas.

El texto legal, que deberá regresar a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados por haber sido objeto de indicaciones, otorga mayor participación a las mujeres que realizan dicha actividad.

Luego que quedara en evidencia que las pymes no veían mejoras a su liquidez por el concepto del pago de facturas, el Ejecutivo presentó una propuesta para minimizar las situaciones que imposibilitan la cancelación dentro de 30 días.