Luego de casi 12 años de discusión en el Congreso, este martes 24 de enero la cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con 127 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Mientras que, en particular, se ratificó prácticamente todo el articulado emanado de la Comisión de Medio Ambiente, incluyendo las relativas a concesiones en áreas de manejo, significando que la iniciativa fue despachada a tercer trámite constitucional donde será analizado por el Senado.
Durante su proceso de tramitación se han presentado diversas diferencias y acuerdos en las distintas comisiones de la cámara alta y baja, como, Medio Ambiente, Hacienda, Trabajo y Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente, además de pasar por una Consulta Indígena.
En tanto que, durante la sesión se hicieron varias intervenciones relacionadas con la situación de los trabajadores que pasarán al nuevo servicio puntualizando en la necesidad de garantizar buenas condiciones laborales y también en uno de los puntos de la iniciativa con más controversia sobre si es posible o no realizar actividades productivas en las áreas protegidas.
Este último tema fue muy importante durante las votaciones separadas que fueron solicitadas, donde algunas buscaron restringir todo de tipo de actividad, incluyendo las turísticas en áreas protegidas y otras solo pretendieron impedir las de carácter sectorial como, por ejemplo, las concesiones mineras o de salmonicultura.
Esto, porque la Comisión de Medio Ambiente-aunque aprobó el proyecto en primera instancia-realizó una indicación sobre el artículo 92 de la iniciativa para evitar que haya concesiones privadas en áreas protegidas, permitiendo solamente concesiones con fines de investigación científica, educación o turismo. Medida que fue revocada por la Comisión de Agricultura, reemplazando ese inciso por uno que autoriza concesiones sectoriales con fines distintos a los mencionados anteriormente en áreas protegidas, y que “se regirán por sus leyes respectivas”. Por lo que, diputados de la Comisión del Medio Ambiente hicieron hincapié en la restitución de estas indicaciones perdidas en la Comisión de Agricultura.
En la instancia, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, reafirmó su postura a favor del proyecto que va en la línea del Marco Mundial de Biodiversidad, donde se establecen 23 metas de conservación que deberán cumplirse para el 2030. Destacando una de ellas que se refiere al efectivo manejo y conservación de, por lo menos, el 30% de las tierras, aguas continentales, áreas costeras y océanos. “Mi rol es no solamente lograr la implementación de este nuevo Marco Global de Biodiversidad sino de asegurar que este nuevo compromiso internacional pueda ser implementado en el territorio nacional y por lo tanto es muy importante asegurarnos que en todas nuestras áreas protegidas se permita la protección y eso no es compatible con industrias productivas. Por lo tanto, esa es la aspiración que nosotros tenemos con este servicio. Quisiera dejarlo expresamente que esto significa no tener salmones en áreas protegidas”, reafirmó la Ministra del Medio Ambiente.
Destacar que, el estudio “Caracterización de las concesiones acuícolas ubicadas en la porción marina de Áreas Silvestres Protegidas”, desarrollado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, señaló que -a agosto del año 2021- las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) registran un total de 545 concesiones de acuicultura, 411 otorgadas y 134 en trámite, la mayoría de ellas correspondientes al cultivo de salmones. Al respecto, la información oficial de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura muestra que las reservas nacionales Las Guaitecas, en la región de Aysén, y Kawésqar, en la región de Magallanes, son las que poseen mayor presión de parte de la actividad acuícola.
La diputada, Javiera Morales del distrito N°28 de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, expresó en la sesión legislativa que “ para la región de Magallanes es de suma relevancia poder contar con un servicio que resguarde nuestras áreas protegidas, permitiendo así que se siga albergando la vida que allí se encuentra. Vida que hoy sostiene nuestras vidas y que por lo mismo me preocupa la inconsistencia que veo en el proyecto. En que por un lado se brinda un estatus de protección a estas áreas protegidas pero a la vez se permite que existan concesiones a empresas extractivas que no se han caracterizado por presentar un comportamiento respetuoso de las normas medioambientales, estoy hablando de la industria salmonera».
Javiera Morales, detalló que «hoy, hay concesiones en el Parque Nacional Kawésqar y Agostini que a la vez tienen abiertas causas ambientales y que solo el año recién pasado la Superintendencia del Medio Ambiente le caducó concesiones por incumplimiento de la normativa ambiental. Esto es un tema que urge solucionar desarrollando una regulación coherente que saque a las salmoneras de las áreas protegidas de la Patagonia”.
Reacciones de los gremios
Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón comentó al respecto de la aprobación que «como país debemos ser capaces de compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo de la salmonicultura, que trae oportunidades y progreso a nuestras comunidades de la macro zona sur de Chile. La industria del salmón y su producción son altamente reguladas en Chile con exportaciones por 751.259 toneladas durante 2022, lo que la posiciona en el tercer lugar de los envíos de nuestro país al mundo, solo detrás del cobre y del litio. Por eso, creemos que una regulación en esta materia debe lograr una sinergia con un desarrollo sostenible medioambiental, social y económico. Es una buena noticia para Chile la creación de una institucionalidad dedicada a temas tan importantes como la biodiversidad y protección del medio ambiente, en armonía con el desarrollo sostenible de las industrias de nuestro país».
Por su parte, desde SalmonChile comentaron que «respecto del trámite del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), en SalmonChile nos parece adecuado el texto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pues cumple con los principios de protección y conservación de la naturaleza bajo los cuales fue concebido y, a la vez, permite la existencia de actividades económicas que demuestren ser sustentables, protegiendo también el empleo y el desarrollo de las comunidades. Como gremio queremos seguir participando en este proceso legislativo y, desde nuestra vereda, continuaremos promoviendo el diálogo para lograr acuerdos que permitan y fomenten el desarrollo y crecimientos del país, la proliferación de alianzas público-privadas y el bienestar de las personas».
¿En qué consiste el proyecto?
El proyecto presentado por primera vez en el 2011, se desarrolla en cerca de 170 artículos, entre permanentes y transitorios y busca crear un servicio público enfocado en la protección de la naturaleza, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargará de la conservación de la biodiversidad y cuyo principal instrumento será la administración de un sistema nacional de áreas protegidas.
Asimismo, promueve la protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas. El proyecto contará con herramientas para la conservación en todo el territorio aumentando la dotación de funcionarios y buscará fortalecer el financiamiento y las normativas para la conservación y restauración de la naturaleza.
La idea legislativa fue revisada y aprobada el pasado 11 de enero por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, con lo cual fue despachado para su discusión en la sala de Diputados/as. En dicha instancia, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) dio a conocer ante la Comisión, un aumento presupuestario que involucra un gasto fiscal permanente de más de 36 mil millones de dólares cuando el SBAP comience a regir (es decir, al quinto año desde su aprobación), y de casi 16 mil millones de dólares en gastos transitorios.
Este nuevo servicio, sería regulado por un marco importante de disposiciones que incluyen criterios para la creación de la entidad; su carácter descentralizado; sus objetivos y fines; funciones y deberes; personal y organización. Además, se regula en este marco la creación del Comité Científico Asesor y se define el régimen del personal de este organismo; y el patrimonio del servicio.
Otro conjunto de normas aborda los programas de monitoreo de los diversos ecosistemas y al mismo tiempo se considera la planificación para la conservación de la biodiversidad; la regulación que se aplicará para los sitios priorizados; y los instrumentos para la conservación y restauración de ecosistemas, así como para el manejo de humedales y de especies. Adicionalmente, se abordan las reservas de la biósfera; los monumentos naturales; planes de control de especies exóticas; y la regulación del Fondo Nacional de la Biodiversidad.
Finalmente, entre otras numerosas disposiciones, el proyecto establece un marco de fiscalización, las infracciones y las sanciones a aplicar.
Fotografía: Cámara de Diputados