Las diputadas Marcela Hernando (PRSD) y Jenny Álvarez (PS), y los diputados Claudio Arriagada (DC), Cristián Campos (PPD), Marcos Espinosa (PRSD), Iván Flores (DC), Iván Fuentes (Ind), Felipe Letelier (PPD), Daniel Núñez (PC) y José Pérez (PRSD), presentaron una moción (boletín 10090) para modificar la Ley de Pesca extendiendo el registro de las naves artesanales en los casos de emergencia y catástrofe natural.
El mencionado registro de pescadores artesanales es el mecanismo utilizado para contabilizar las embarcaciones inscritas, ya sea por personas naturales, jurídicas y comunidades, habilitadas para realizar actividades de pesca artesanal.
Según registros del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), actualizados al 31 de diciembre de 2013, se han registrado un total de 12.662 embarcaciones inscritas en la pesca artesanal a nivel nacional, dividiéndose estos números en 12.428 embarcaciones inscritas por personas naturales, 97 embarcaciones correspondientes a personas jurídicas, 110 embarcaciones de comunidades y 27 embarcaciones correspondientes a empresas de responsabilidad limitada.
De acuerdo con lo informado en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados, los legisladores recuerdan que la pesca artesanal se ha visto afectada en el último tiempo por una serie de hechos naturales y accidentales como, por ejemplo, la baja en los últimos diez años de recursos como jurel, sardina española, merluza y sierra.
De igual manera, en 2012, un estudio de Oceana y la Fundación Chile reveló alta presencia de metales pesados como cobre, arsénico y cadmio en almejas, jaibas y locos. En algunos de estos se superaba tres veces la presencia permitida por la norma chilena.
En cuanto a desastres naturales, un ejemplo es el terremoto del 27 febrero de 2010 que entre las regiones de O’Higgins y La Araucanía destruyó grandes comunidades de pescadores y de recolectores de pequeña escala, como algueros y mariscadores, en forma casi absoluta. Mientras que en las regiones de Valparaíso y de Los Lagos la destrucción fue gravísima. Esto correspondía a un litoral de aproximadamente 700 kilómetros entre San Antonio (Región de Valparaíso) y Valdivia (Región de Los Ríos). Los impactos en la economía de las comunidades costeras y pesca artesanal chilena se extendieron a lo menos por dos años, luego que el maremoto haya modificado la geografía en varias zonas del litoral. La ciudad puerto de Constitución (Región del Biobío), fue arrasada por olas de hasta 12 metros y fue uno de los lugares más afectados por el tsunami.
Las pérdidas que provocan los desastres naturales condujo a que el año 2010 se aprobara una ley especial para el reemplazo de las embarcaciones dañadas en el terremoto y maremoto del 27 de febrero.
Por ello, con dicho precedente, los legisladores proponen una modificación permanente a la Ley de Pesca para evitar que los pescadores salgan del registro en caso de inactividad por tres años.
Así la norma propone que en casos de emergencias o catástrofe se prorrogará automáticamente el registro hasta completar un total de cinco años.