A continuación reproducimos una columna de opinión escrita por el Master en Asuntos Pesqueros de la Universidad de Washington (Estados Unidos) y asesor en política pesquera de la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca), Albert Arias Arthur. El texto fue publicado en el sitio electrónico El Post:
"Me he dado cuenta que hay varios conceptos del sector pesquero que no son conocidos, por lo que es difícil establecer una discusión sobre el tema sin tener una base común para entendernos. Debido a lo anterior, creo necesario dedicar esta columna a explicar las cuotas individuales de pesca y cómo estas han sido aplicadas en nuestro país.
El sistema de cuotas individuales de pesca fue desarrollado como respuesta a la ‘tragedia de los comunes» postulada por Garret Hardin en 1968. Lo que Hardin postuló, en palabras simples, era que cuando los recursos limitados son de todos, nadie los cuida y son explotados hasta exterminarlos, por lo que entregando derechos de propiedad sobre los mismos, debería estimular a los usuarios a que cuiden de ellos. Este concepto ha sido aplicado en pesca en distintos países desde principios de la década del 80 mediante cuotas individuales de pesca y es descrito como un sistema que optimiza los resultados económicos.
Según hemos escuchado en la discusión sobre lo que debería incluir, o no, el próximo proyecto de Ley de Pesca, Chile habría establecido este sistema a partir del 2001 con la ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA), con la cual se entregaron derechos de propiedad a los actores que en ese momento se encontraban en las distintas pesquerías. En honor a la verdad, las cuotas individuales de pesca han estado en la ley desde 1991, pero como para poder aplicarlas había que licitar 50% de las cuotas de las pesquerías en plena explotación -lo que implicaba que terceros entraran al negocio- nunca se aplicaron, sino hasta que se las entregaron a los actores en forma gratuita y exclusiva el año 2001.
Durante la discusión de la ley de 1991 se llegó a un acuerdo político de incluir la subasta de cuotas de pesca, lo que fue informado por el diputado Patricio Melero y respaldado por el subsecretario de Pesca de la época, Andrés Couve. El acuerdo político en lo medular sostiene: ‘Así como hay un marco general y que permite el libre acceso, lo que se busca aquí es salvar el problema constitucional, que siempre haya la posibilidad de que cualquier chileno que así lo desee pueda ejercer la actividad pesquera. Para estos fines propone que esto se haga mediante un sistema de licitación, donde, sobre la base de una cuota global que fijarán los consejos, se podrá ir licitando hasta un 50% de esa cuota global de captura, en cortes de un 5% anual de esa cuota global, hasta llegar a un tope de un 50%. Esto se dará, después de un período de tres años en el que no habrá licitaciones y, enseguida, en cortes de un 5% anual. Es decir, si vamos al caso óptimo, en trece años más podría estar licitado el 50% de una cuota global de cualquiera de las pesquerías declaradas en plena explotación».
En la práctica, la subasta establecía un sistema de derechos de propiedad o de cuotas individuales, donde cualquier chileno que quisiera entrar en el sistema, lo podría hacer pagando el valor de mercado por una fracción de los recursos pesqueros. Lamentablemente, estos derechos de propiedad vía subasta nunca fueron establecidos en las pesquerías en plena explotación. Solo en el 2001 mediante los LMCA se asignaron derechos de propiedad sin competencia alguna, y sin permitir el ingreso al resto de los chilenos, totalmente contrario al acuerdo político y lo que la Constitución requería en la ley original.
Hoy en día, con el próximo término de los derechos asignados hasta el 2012, existe la discusión de si se debe subastar -en general en esta discusión se usa licitar como sinónimo- o continuar con la entrega directa a quienes han tenido la exclusividad de los recursos pesqueros por más de una década.
Como lo señalé antes, la idea de los derechos de propiedad, es que se asume que los dueños cuidarán de los recursos limitados. Los resultados muestran que en Chile, esto no ha sucedido y la gran mayoría de los recursos asignados mediante los LMCA están al nivel de solo una fracción de lo que eran cuando partió este régimen. Podrán argumentar cualquier excusa, pero está claro que los dueños de los recursos no han cuidado de ellos, los han sobreexplotado, y además usan esto para argumentar en contra la entrada de terceros al negocio vía subasta diciendo ‘hay tan poco, cómo vamos a licitar una parte». Sin embargo, los resultados económicos de las compañías han sido muy buenos, y es aquí donde surge la pregunta: ¿Estos resultados han sido por una mejora en la eficiencia, fusionando empresas, reduciendo mano de obra y programando mejor la operación, o porque se han explotado los recursos a niveles mayores a los recomendados? Posiblemente la respuesta no es ni lo uno ni lo otro sino ambas, pero, sin duda, la mejor respuesta sería el antiguo dicho ‘de lo que no cuesta, se llena la cesta»".