La tarde de este jueves 24 de agosto, en el marco del congreso “Sustentabilidad y compromiso por un trabajo estable. Construyendo el futuro de la gente del sur”, organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines, se dio una ardua discusión sobre los efectos que está teniendo la Ley 20.249, más conocida como Lafkenche, en la industria acuícola que opera en el sur del país.
En el encuentro –realizado en el centro recreacional de la Caja de Compensación Los Andes en Frutillar (Región de Los Lagos)– trabajadores, ejecutivos y empresarios de la industria del salmón manifestaron su inquietud, a representantes de Gobierno y congresistas, respecto de la aplicación de este cuerpo legal aprobado en 2008 y mediante el cual se crearon los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPOs).
Esta ley, a través de los ECMPOs, busca entregar una herramienta legal a los pueblos originarios para que estos puedan solicitar al Estado el reconocimiento de dichos espacios en base al uso consuetudinario que ellos han ejercido allí ancestralmente, los que pueden incluir manifestaciones religiosas, recreativas y medicinales, así como actividades pesqueras.
El problema de esta ley, a juicio de los acuicultores y demás usuarios del borde costero, es que la tramitación de los espacios –algunos de enormes extensiones– dura casi siete años, tiempo en el cual todas las demás solicitudes de afectación –concesiones acuícolas, marítimas y áreas de manejo– quedan suspendidas al menos hasta que se acredite el uso consuetudinario. De igual forma, según lo expuesto en la ocasión, algunos miembros de comunidades indígenas estarían “lucrando”, lo que escapa al espíritu de la ley.
El vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, Alejandro Santibañez, expuso que “lo que nos preocupa es la seguridad de los trabajadores”, haciendo alusión a los conflictos que se están produciendo en algunos lugares donde comunidades de pueblos originarios estarían impidiendo el libre ejercicio de ciertas actividades. De igual forma, dijo, “esta ley limita las inversiones que se pueden hacer en el sector”.
Por su parte, el presidente de Empresas AquaChile, Víctor Hugo Puchi, expresó que la paralización que significa la tramitación de un ECMPO “nos puede llevar a una situación en donde todos vamos a perder”. Añadió “se dice que es difícil cambiarla en el Congreso, pero si se ve que esto está equivocado, ¿por qué no corregir? El derecho que ellos tienen (los pueblos originarios) es legítimo, y está bien que hagan ejercicio de ello, pero que no inmovilicen a los demás que tienen solicitudes en proceso”.
El empresario enfatizó que, si bien pueden existir diferencias, la salmonicultura nunca ha tenido grandes problemas con los demás usuarios del borde costero, como mitilicultores y pescadores y que siempre se ha convivido dentro de un marco aceptable, de modo que no le parece bien que “quieran hacer esta división del mar que nos puede llevar a un conflicto social que no queremos y que no buscamos”.
Visión gubernamental
Todos los descargos efectuados tanto por trabajadores como por ejecutivos y empresarios del salmón fueron escuchados con atención por el asesor de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, Hans Weber, quien reconoció que la implementación de la ley ha tenido algunas falencias, sobre todo en los tiempos de tramitación. Según explicó, desde que se solicita un ECMPO, hasta que se entrega, no debería pasar más de un año y medio. No obstante, el trámite está tomando alrededor de seis a siete años. Esto ocurre, según el profesional “porque hay al menos cinco instituciones que intervienen”. Precisó que le parece poco viable volver atrás con esta ley, pero que sí se podría mejorar su implementación.
Respecto de los informes de uso consuetudinario, dijo, se podría trabajar para que estos sean más realistas y se efectúen en poco tiempo. También, expuso, se podría fortalecer a ciertos estamentos estatales con el fin de que puedan agilizar, en términos generales, la tramitación. De todas maneras, sostuvo, “hay que entender que esta es una ley relativamente joven. De hecho, en 2014 se entregó recién la primera destinación, que fue la de Punta Capitanes”.
Compromiso de la Subpesca
En tanto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce, precisó que la Subpesca, en la tramitación de los espacios, se limita a cumplir con las tareas que tiene asignadas y que están relacionadas con la admisibilidad de las solicitudes y los informes de sobreposición. “El origen de esta ley no es pesquero. Esta es una ley que invita al diálogo y es en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) donde debe darse ese diálogo”, dijo la autoridad.
Añadió que, de todas maneras, “nosotros esperamos que esto no sirva para lucrar ni para la especulación” y que –aunque hechos de este tipo se dan en muchas leyes– la Subpesca se compromete a que, junto con Sernapesca, “haremos un examen mucho más exhaustivo y riguroso” en los papeles que les toca desempeñar.
El subsecretario recalcó que la Ley Lafkenche respeta los derechos ya otorgados y aclaró –ante la inquietud de los asistentes– que “no hemos dicho que la ley no se puede cambiar”. Incluso, mencionó la posibilidad de preparar un oficio que permita abrir la opción de ingresar modificaciones al cuerpo legal.
La experiencia canadiense
En el congreso preparado por los trabajadores participó también el actual gerente general de Marine Harvest Chile, Fernando Villarroel, ejecutivo chileno quien, en su paso de alrededor de diez años por Canadá, tuvo la misión de dialogar con comunidades de pueblos originarios con el fin de estos acepten también la actividad acuícola.
Según lo explicado por el profesional, en Canadá “la empresa tuvo que acercarse a las comunidades”, explicando que el proceso no fue rápido, sino que tomo alrededor de 15 años, donde hubo discusiones y conversaciones entre las partes. Respecto a la Ley 20.249, expuso que esta se debería modificar cuidando que el resultado sea beneficioso para ambas partes, haciendo un llamado para que, entre todos los actores, el tema se pueda solucionar. “Las autoridades deben hacerse cargo de lo que aprobaron y si está mal, se debe corregir”, enfatizó.