(El Mercurio) Muy agitadas están las aguas en la industria pesquera. A dos meses de que el Presidente Sebastián Piñera enviara el proyecto que modifica parcialmente la polémica ley que rige al sector, las principales compañías del rubro y los gremios han trabajado activamente para oponerse a la iniciativa, contratando abogados, realizando estudios y buscando apoyos en otras agrupaciones empresariales donde también existen concesiones o licencias.
La Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca) fichó al bufete Ortúzar & Vergara, al tiempo que están revisando la legislación comparada de la OCDE con quien fuera el embajador en Chile ante ese organismo, Raúl Sáez.
También contactaron a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), según confirmó el presidente de esta entidad, Ernesto Corona, aunque aún no se concreta ninguna reunión entre ambas instituciones.
La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), presidida por Macarena Cepeda, contrató esta semana a Claro & Cia. para tratar los temas relativos al cambio de la normativa. La Federación Gremial de Industriales Pesqueros Sur Austral (Fipes), presidida por Carlos Vial, en tanto, trabaja con Santiago Montt, y una de sus empresas socias con Sergio Diez, señalan en el sector.
La Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (Asipnor), que agrupa a Corpesca y Camanchaca, contrató al bufete internacional Garrigues, precisamente por la experiencia que tiene en la legislación comparada de otros países.
¿Qué temen las empresas del rubro? La llamada «ley corta» de pesca termina con las licencias clase A o B y señala que los nuevos permisos que resulten de licitaciones serán por 20 años y no se renovarán por período alguno. Bajo la actual ley, los derechos de pesca Clase A son a 20 años y renovables. A la vez, una cuota del 15% de la fracción industrial se puede licitar cada año, originando licencias B.
El ex dirigente y actual empresario pesquero, Roberto Izquierdo, sostiene que «esta nueva ley no puede ser peor; la anterior ya liquidó al sector industrial, que no ha vuelto a abrir ni una sola planta y ha visto el cierre de la empresa que construía las naves de pesca». Incluso, añade que concentró más al sector.
La presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, señala que del 15% que se licitó el año pasado de la cuota industrial de jurel, «el 90% se lo adjudicó el grupo Angelini, es decir, no hubo ingreso de nuevos actores y aumentó la concentración del sector».
Intenso lobby en el gobierno y el Congreso
También ha habido un intenso lobby, y de todos los sectores. La primera audiencia que registra el subsecretario de Pesca, el abogado Eduardo Riquelme Portilla, fue con el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaspar), Hernán Cortés. Se abordó la modificación a la ley de pesca. Ese mismo día recibió a la Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte (Asipnor), gremio compuesto por la principal pesquera del país, Corpesca, del grupo Angelini, junto a Camanchaca y otras compañías proveedoras de servicios.
El tema fue el mismo. Después concurriría dos veces a tratar los cambios a la normativa la Asipes, que agrupa a las compañías de la zona centro-sur, así como la propia Sonapesca. El presidente de esta última federación pesquera, Osciel Velásquez, registra cuatro audiencias con la autoridad pesquera, una de ellas en su calidad de presidente de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros IV Región.
La misma Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) informa que han realizado más de 40 encuentros con el sector artesanal por el cambio legal.
En el Congreso, los encuentros se han centrado en los integrantes de las comisiones de Pesca del Senado y la Cámara de Diputados.
El estudio de la OCDE
El reporte de la OCDE –que está actualizando el ex embajador Raúl Sáez– muestra que de los 22 países pesqueros analizados, quien tiene el mayor porcentaje de pesquería con cuotas individuales transferibles (CIT) es Chile, con 100% del recurso. Otros países pesqueros que tienen sobre el 90% son Nueva Zelandia e Islandia. Según el experto de la UC Juan-Pablo Montero, el criterio general fue utilizar los derechos históricos para asignar las cuotas en estos países. Ahora bien, los países optaron por este sistema hace varios años: 1974, en el caso de Holanda; 1979, en Sudáfrica, o 1982, en Nueva Zelandia.
Según el estudio, los países en general no realizan licitaciones posteriores, salvo las excepciones de Rusia, Estonia y Chile. En nuestro país se licita el 15% de la cuota proveniente del sector industrial. Pero en Rusia y Estonia se dio pie atrás a esa medida –en el 2000 en Rusia y en 2001 en Estonia–, por la mayor concentración que ello produjo, explican en la industria.