Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, señaló que les parece un proyecto de ley que tiene mucho sentido, y que no cabe duda que es necesario concentrar en una institución todo el sistema nacional de áreas silvestres protegidas, que hoy está disperso entre distintas instituciones. No obstante, se refirió a aquellos artículos y aspectos más complejos del proyecto para la salmonicultura.
Relevancia para Magallanes y para la salmonicultura nacional
“El Estado otorga concesiones por una vigencia de 25 años en áreas que el propio Estado define, que son las Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA). Y dentro de Áreas Silvestres Protegidas hoy día existen otorgadas por parte del Estado cerca de 400 de las 1300 concesiones. Esto quiere decir que casi el 30% de las concesiones de salmones están dentro de Áreas Silvestres Protegidas», destacó.
En detalle, existen en concreto dos Áreas Silvestres Protegidas que concentran buena parte de las concesiones otorgadas. Por una parte, se encuentra la Reserva Nacional Kawésqar que fue creada el año 2019 en la región de Magallanes, donde existen 67 concesiones de acuicultura, que sumado a las del Parque Nacional Alberto de Agostini, representan el 65% de las concesiones en la región. Mientras, en la región de Aysén, el 48% de las concesiones otorgadas están circunscritas a un Área Protegida, solo la Reserva Forestal Guaitecas tiene 317 concesiones decretadas.
Por qué hay concesiones en Áreas Silvestres Protegidas
Este es un problema de ordenamiento territorial, ya que el Estado superpuso las Áreas Apropiadas para la Acuicultura con las Áreas Silvestres Protegidas. Sin embargo, las concesiones otorgadas son absolutamente legítimas pues, por una parte, la Ley General de Pesca y Acuicultura permite el otorgamiento de concesiones dentro de Reservas Nacionales y Forestales.
En segundo lugar, estas concesiones, en su mayoría fueron evaluadas ambientalmente por los organismos que participan del sistema de evaluación de impacto ambiental. Argumentos que han sido ratificados por Contraloría General de la República en diversas oportunidades.
Odebret recordó además que se debe tener la premisa clara de que las concesiones se solicitan exclusivamente en zonas que son definidas por la autoridad. Destacando que es la Subsecretaría de las FFAA quien define las AAA, y es solo en ese lugar en donde se pueden otorgar concesiones o donde se pueden solicitar concesiones.
La Reserva Forestal Guaitecas es anterior a la creación de las Áreas Silvestres Protegidas, y busca la conservación del ciprés de las Guaitecas. “Esto es muy relevante porque finalmente cuando uno quiere relacionar la salmonicultura con los objetos de protección de las Áreas Silvestres Protegidas uno va a encontrar ciertas compatibilidades e incompatibilidades. Y, en este caso, la acuicultura se desarrolla en el mar y el ciprés de las Guaitecas se encuentra en las islas”, enfatizó.
Añadió que ninguna reserva de las planteadas, Guaitecas y Kawésqar, tienen un plan de manejo publicado. Por lo tanto, pese a que la primera fue creada en 1938, han pasado 80 o 90 años y todavía no tiene un plan de manejo. Por lo tanto es muy difícil determinar si hay incompatibilidad o no.
Los problemas del proyecto
Las concesiones de salmones tienen una vigencia de 25 años renovable en la medida que se cumplan con las regulaciones ambientales y otros criterios que establece la LGPA. Por lo tanto, si este proyecto de ley tal como está hoy día llega a término, lo que puede ocurrir es que las concesiones otorgadas podrían no ser renovadas. Lo anterior significaría entonces el proceso de término del 30% de la salmonicultura.
“Lo que vamos a encontrar es que cerca del 30% de las concesiones, es decir, el 30% de la producción de salmones de Chile va a verse afectada en el tiempo, y no va a poder continuar su operación, pues dependemos de esas concesiones que han sido otorgadas. Y al mismo tiempo han sido otorgadas previa evaluación de impacto ambiental, esto es bien importante señalarlo, porque han sido otorgadas y evaluadas ambientalmente”, puntualizó.
Adicionalmente, expuso que cuando surgió la crisis del virus ISA el Legislativo modificó la Ley de Pesca para que las concesiones se separen entre sí, para ello se creó el mecanismo de relocalización de concesiones. Hoy existen en trámite cerca de 270 relocalizaciones, muchas de ellas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas señaladas anteriormente. Con este proyecto, este proceso que lleva 10 años se vería truncado. Ya que frente a una situación de pandemia es como la distancia social, existe una distancia mayor entre centros de cultivo. Y esa condición la estableció el Legislativo en 2012.
Soluciones
Sobre la solución que plantea el proyecto, Odebret señaló que “es curiosa, porque apunta a la preferencia para la relocalización de 400 concesiones que se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Sin embargo, a 10 años del inicio de las relocalizaciones de la ley del año 2012 (Ley de Pesca), no se han logrado relocalizar una docena de solicitudes. Además, no existen espacios para poder relocalizar esas 400 solicitudes. Un camino posible es decretar los planes de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas (Kawésqar y Guaitecas) para identificar con precisión cuáles son las concesiones que tienen incompatibilidad con los objetos de protección que se declaren en dicho plan e iniciar a partir de ahí soluciones específicas para esas incompatibilidades.
“Prácticamente la totalidad de la industria va a estar en un proceso de relocalización sin saber ni dónde, ni cuándo, ni cómo se van a relocalizar. Por lo tanto, el proyecto de ley en cuando a la solución aparentemente no entrega una respuesta a esta incompatibilidad que se crea producto del mismo proyecto de ley”, comentó.
“La solución para definir dónde operarán las salmoneras no puede pasar por metodologías que ya se han intentado aplicar sin éxito. Hace diez años se ordenaron relocalizaciones que no han logrado avanzar por falta de definiciones y la falta de un plan de manejo. Si un proyecto de ley exige nuevamente una relocalización entraremos nuevamente en ese ciclo sin solución. Es necesario entender que aquí hay un problema de ordenamiento territorial y que se debe definir con claridad cómo se manejará el maritorio, porque las empresas salmoneras operando lo hacen en lugares donde han sido autorizadas y tras pasar por sus respectivas evaluaciones ambientales”, concluyó.
Se trata de un problema de ordenamiento territorial cuyas soluciones no son simples y requieren de la participación de múltiples actores con intereses en el área.
Fotografía: Salmonicultores de Magallanes.