La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea un sistema voluntario de ecoetiquetado de productos, el cual ahora será analizado por la Sala.
La iniciativa, originada en una moción de los senadores Alfonso De Urresti, Francisco Chahuán, Sergio Gahona, Ricardo Lagos y Juan Ignacio Latorre, propone modificar la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, incorporando disposiciones orientadas a garantizar el acceso a información ambiental clara, verificable y transparente.
Durante su tramitación en la comisión, se escucharon las exposiciones del subdirector de Producción Sustentable de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Sebastián Carvallo; la coordinadora de Acuerdos de Producción Limpia, Daniela Vásquez; y la directora ejecutiva de Fundación Basura, Tamara Ortega.
El proyecto busca establecer un marco normativo que regule la implementación voluntaria de ecoetiquetas, permitiendo a los consumidores tomar decisiones informadas respecto del impacto ambiental de los productos que adquieren. Asimismo, apunta a fomentar un consumo más responsable y a alinear la normativa nacional con estándares internacionales, como las normas ISO en materia ambiental.
Además, la propuesta incentiva la producción sostenible, promoviendo que las empresas reduzcan su huella ecológica y obtengan certificaciones que visibilicen su desempeño ambiental. También busca aumentar la transparencia en el mercado y combatir el denominado “greenwashing”, mediante la definición de estándares claros, verificables y comparables.
De acuerdo con la normativa, los productos que se incorporen al sistema deberán incluir información visible en su envase, embalaje o documentación, detallando aspectos como su ciclo de vida, reciclabilidad o reutilización, composición de materiales, consumo energético y otras variables relevantes para medir su impacto ambiental.
Las etiquetas deberán contemplar, al menos, un pictograma estandarizado aprobado por la autoridad competente, los parámetros ambientales evaluados —como la huella de carbono expresada en kilogramos— y un código QR que permita acceder a información detallada del producto.
Se trata de una herramienta de certificación voluntaria, a la cual podrán acceder las empresas que cumplan con los criterios ambientales definidos por una entidad calificadora acreditada e independiente.
En términos de beneficios, el ecoetiquetado permitirá a los consumidores acceder a información confiable y de fácil comprensión, facilitando la elección de productos con menor impacto ambiental y fortaleciendo la confianza en las marcas. Para las empresas, en tanto, representa una oportunidad de diferenciación, mejora de procesos productivos y acceso a nuevos nichos de mercado.
Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa contribuiría a reducir la contaminación, incentivar la innovación en procesos más sostenibles y promover una transición hacia patrones de producción y consumo responsables.
Fotografía: Senado