A través de un proyecto de acuerdo, el Senado le solicitó al Ejecutivo estudiar modificaciones a la Ley 19.542 que hagan posible la incidencia en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía y de los gobiernos regionales y comunales en la actividad portuaria, así como formas de financiamiento regionales y comunales que permitan la distribución de los frutos de dicha actividad económica.
La propuesta fue impulsada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Juan Castro, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, José Durana, Álvaro Elizalde, Rodrigo Galilea, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón, Rafael Prohens, Kenneth Pugh, Jaime Quintana y Rabindranath Quinteros.
A juicio de los autores, “creemos que se hace necesario que el Gobierno actual, en el marco de una política descentralizadora y regionalista, considere modificaciones legales en dos ámbitos: en la creación de formas de financiamiento para los gobiernos regionales o locales, ya sea a través de un impuesto especial a la actividad portuaria o a la distribución de parte del pago que las empresas deban hacer en virtud del desarrollo de la actividad al Estado en la forma de cánones de arrendamiento u otras», expresaron.
Lo congresistas añadieron que esperan que «se establezca una institucionalidad regional democrática que permita el diálogo entre las empresas, los gobiernos regionales y comunales, y la propia ciudadanía, dando un nuevo aire a esta actividad, en el marco de una alianza público-privada duradera y fructífera”.
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