Durante la tramitación de la denominada «Ley Longueira», un articulado fue rechazado durante su discusión y que a ojos de sectores contrarios a la normativa generaba un importante perjuicio a todos los chilenos. Se trataba de a quién pertenecían los recursos pesqueros.
En la oportunidad, según recuerda el gerente de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros de la Región del Biobío (Pymepes A.G.), Alfredo Irarrázaval, los legisladores rechazaron que la propiedad de los peces quedara en manos del Estado de Chile. Por ello, dice Irarrázaval, no les generó asombro la serie de correos electrónicos que se conocieron entre la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), María Alicia Baltierra O’Kuinghttons, y el cuestionado gerente de Corpesca, Francisco Mujica, todos con copia al entonces subsecretario de la cartera, Pablo Galilea, donde se informaba de estas materias y otras de interés que se discutían en la ley de pesca.
«Es muy grave lo que muestran los correos electrónicos de la asesora jurídica María Baltierra y del entonces jefe de la División de Administración Pesquera, Maximiliano Alarma, que evidencian que el gobierno se coludió con la industria», enfatizó Irarrázaval.
Para el dirigente, «esta actitud de colusión se dio durante toda la tramitación de la actual normativa que regula al sector, desde la creación de la llamada Mesa Pesquera hasta contar con una ley que entregó los recursos por 20 años y renovables».
«Ley ilegítima»
El presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, también salió al paso de las denuncias sosteniendo que dirigentes como Michel Campillay trabajaron «para los intereses de los industriales».
En ese sentido, el representante de la Fetrapes enfatizó que la Fiscalía «debe llegar al fondo del asunto y la Presidenta Michelle Bachelet esta vez debe seguir sus instintos y anular esta ley ilegítima».