Tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso al recurso de ilegalidad presentado por el presidente de la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios y afines de Valparaíso (Fetramarport), Jorge Bustos, en contra del polémico proyecto inmobiliario Borde Costero, los portuarios volvieron a la carga con un recurso de casación en contra del municipio de Valparaíso (V Región).
De acuerdo con lo informado hoy en El Mostrador, el anterior criterio habría dejado la puerta abierta a los portuarios para demandar directamente al municipio porteño, así como a la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), principal gestora del proyecto, por las supuestas infracciones legales cometidas en la modificación del plan regulador, como asimismo en la gestión de los terrenos seleccionados para trasladar la Zona Extraportuaria de Apoyo Logístico (ZEAL).
El fallo de la Corte de Apelaciones se fundamenta en un punto meramente formal, ya que el presidente de Fentramarport, no es el legítimo activo para interponer el reclamo.
Los abogados Mauro Darmazo y Ana Eugenia Fullerton presentaron ayer el recurso de casación, en el cual destacan que “no existe pronunciamiento alguno respecto de cada uno de los fundamentos de ilegalidad reclamados, habiendo así la IC., fallado al deber fundamental de todo juez, de decidir el asunto controvertido, dejando en definitiva de ejercer la jurisdicción de que se haya investida”.
Al mismo tiempo, los profesionales alegan que, respecto a la irregular Planificación Urbana Comunal, de la cual la Corte informa de forma mínima que “no se estableció se haya apartado de la normativa que lo rige”, no expresa “de un modo determinado y preciso las acciones, peticiones y excepciones que se acepten o rechacen, y sin dar razones de hecho o de derecho, por las cuales las mismas resultan probadas, y en consecuencia acogidas o rechazadas”.
“Resulta jurídicamente curioso, pero a la vez grave, que la IC., llamada a resolver el asunto controvertido, impida producir prueba respecto de las acciones deducidas, al limitar la prueba en conformidad al auto de prueba rolante a fojas 154 exclusivamente a la excepción de falta de legitimidad del actor, para en definitiva, no pronunciarse sobre todas las acciones interpuestas, no por ser incompatibles con la excepción acogida, sino porque a su respecto no se ha producido prueba, prueba que la propia IC., impidió producir”, argumentan Darmazo y Fullerton.
El recurso de ilegalidad, presentado en julio pasado por la Federación de Portuarios de Valparaíso y agrupaciones ciudadanas, también cuenta con el apoyo del Colegio de Arquitectos, entidad que, luego de un álgido debate en su interior, se sumó al renovado debate acerca de un proyecto al que se le critica la manera en que se cambió el plan regulador que le da sustento en el muelle Barón.
Sin embargo, esta no es la única arista polémica que al controvertido proyecto inmobiliario Borde Costero, en Valparaíso. Al recurso de ilegalidad presentado en contra del megaproyecto de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) -al que se sumó el Colegio de Arquitectos de Valparaíso; un concejal, Alberto Neumann; y varias organizaciones ciudadanas-, se añade una denuncia que recae en EPV y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), por mal uso de terrenos cedidos por Federico Santa María, en su momento, y que hoy son gravitantes para la viabilidad comercial del proyecto.
¿Qué tiene que ver Fonasa con terrenos que serían claves para este proyecto de la Presidencia de la República, una suerte de vedette del anunciado Bicentenario?
Los lotes A y B del fundo Quebrada Verde, donados por Federico Santa María a la Junta de Beneficencia de Valparaíso, en su momento, hoy deberían ser propiedad de Fonasa, por ser el actual sucesor legal. Pero éstos habrían sido expropiados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en beneficio de EPV, compañía que además requiere de la erradicación de 40 familias que viven en el sector, desde hace más de tres décadas, y a quienes ya se les destinó un terreno baldío de dudosas condiciones y con casas que actualmente se construyen en malas condiciones, según comentó a este medio la abogada Ana Fullerton, quien presentó la demanda en contra de EPV y Fonasa.
La compañía EPV está constituida, en su directorio, por Gabriel Aldoney Vargas (presidente), Juan Foxley Rioseco (director), Claudio Agostini González (director), Raúl Carrasco Silván (director), Iván Valenzuela Rabí (director) y Rubén Vilches López (representante de los trabajadores).
Decididos a llevar adelante el Plan de Apertura y Transformación del Borde Costero de Valparaíso, EPV ha informado que la idea “se diferenciará positivamente de otros proyectos por los siguientes atributos: un anfiteatro natural de vista al mar; amplia conectividad de Valparaíso con una macro región y con Santiago, y con la cercanía de dos estaciones Merval, Francia y Barón”; la marca Valparaíso, que “sinergice sus atributos a favor de la imagen de la ciudad, en cuanto crea un borde costero de nivel internacional, y a la vez la marca Valparaíso hace ese borde costero atractivo para los visitantes”; planificación urbana y altos estándares de construcción, “dado el valor estratégico de estos terrenos, los inversionistas privados deberán cumplir con altos estándares de construcción determinados en las bases de licitación”.