(La Tercera) La industria salmonicultora chilena no logra cruzar aguas calmas. Un difícil escenario, marcado por bajos precios, una fuerte subida del dólar, los cambios de demanda internacional y costos más altos asociados a la producción, le ha jugado en contra, al punto que las empresas ya revisaron sus planes de siembra para este año. Pero la coyuntura volvió a poner el foco en el ámbito regulatorio y, en especial, en la relocalización de concesiones acuícolas que deben estar listas en 2020. Determinante para mejorar la operación del sector es encontrar nuevos emplazamientos para fortalecer su condición sanitaria.
La preocupación por concretar el proceso adecuadamente ha ido en aumento y el lunes pasado el presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), Felipe Sandoval, llegó hasta la oficina del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, para exponerle las líneas generales de una propuesta de seis ejes que trabaja el gremio para modificar el modelo sanitario del sector.
Las dos medidas más relevantes son un cambio para permitir un tipo de producción con la posibilidad de ajustar el número de ejemplares -al alza o a la baja- según los resultados sanitarios, y un sistema de relocalización y fusión de concesiones, basado en producir en menos puntos o zonas, pero más distanciadas entre sí. Hoy, la distancia mínima es de 1,5 millas (2,4 kilómetros).
Sandoval adujo que al fusionar concesiones se puede elevar la producción, disminuir costos y generar economías de escala. Dado que la cercanía abre un riesgo sanitario mayor al sistema, la propuesta implica establecer un método que mida los resultados ambientales y sanitarios.
«Pedimos que se analice un mecanismo para relocalizar y fusionar a la vez. Si no se hace, el proceso va a ser más lento (…). La apuesta es bajar los costos, variar la producción en función de resultados sanitarios y ambientales, por área, concesión y empresa. Hoy no funciona así», aclaró el presidente de los salmonicultores.
En abril pasado se promulgó la ley que amplió en cinco años, hasta 2020, el plazo inicial para concretar las reubicaciones. SalmonChile detalló que en el país existen 1.200 concesiones, 450 de estas en fase de relocalización en las regiones de Los Lagos y Aysén. A la fecha, ninguna ha sido reubicada. Del total de concesiones, entre 400 y 500 están en uso.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, comentó que la idea requiere un grado de maduración mayor y que solicitaron más detalles al gremio. «Analizaremos en profundidad la propuesta para identificar qué aspectos son posibles de abordar y a través de qué vía», respondi Súnico.
Los otros ejes
La tercera propuesta del gremio es eliminar los llamados «lomos de toro» del actual modelo, disminuyendo los trámites en papel y la burocracia del sistema. En particular, plantean revisar la normativa asociada con las exigencias de desinfección de las instalaciones y eliminar la mortalidad causada por bajas de oxígeno como variable de cálculo de las pérdidas de un centro, para efectos del reglamento de densidades, entre otros. «Por condiciones naturales puede bajar el oxígeno en un área. Esto genera mortalidad y la norma dice que no puedes seguir operando… Es necesario revisar los muestreos de enfermedades que se hacen en agua dulce, ya que algunos de ellos no tienen relación con una disminución del riesgo sanitario y es más caro», sostuvo el ejecutivo.
La cuarta propuesta tiene que ver con crear un mecanismo que permita conocer con antelación dos indicadores claves para la industria: el score de riesgo de un área de siembra que entrega la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y el informe ambiental sobre las condiciones del sector al ingresar los peces al mar, que entrega el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). «Los indicadores de densidad y del número de peces que puedes sembrar hoy se entregan una semana antes. Pero las empresas toman la decisión de inversión nueve meses antes», fustigó Sandoval.
El quinto eje, en tanto, es «apurar» el paso de las solicitudes de relocalización de las concesiones por el Ministerio de Medio Ambiente. «Si queremos agilizar y flexibilizar el sistema, debemos construir un método que brinde garantías a Medio Ambiente de que la situación ambiental futura será adecuada», puntualizó el timonel de SalmonChile.
Un sexto punto que será incluido en la propuesta es «tener un uso más racional de antibióticos», enumeró Sandoval.
Las propuestas, sin embargo, no son un intento inédito de los salmonicultores por obtener ayuda del Estado. En 2009, la anterior administración de Bachelet impulsó una nueva ley para el sector que buscaba ordenar el crecimiento de la industria y darle sustentabilidad en el tiempo, tras la crisis financiera y sanitaria que gatilló el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv) en 2007.
La preocupación del sector lleva varios meses y algunas salmonicultoras previamente fueron a presentar a Súnico «una serie de situaciones, algunas de carácter regulatorio, como parte de eventuales soluciones al complejo escenario que se ha ido configurando en 2015», recuerda el subsecretario. Pero aclaró que lo que se buscará es un camino que responda al interés del país y no al de particulares.
En el Ministerio de Economía reconocen que el Estado debe trabajar en conjunto con la industria salmonicultora, porque «las consecuencias de sus problemas son conocidas y pueden afectar el empleo, el pago a proveedores o los planes de inversión y crecimiento de la industria (…). La urgencia es permanente ante este tipo de desafíos».
Cambios al modelo
Un elemento fundamental que generó la ley de 2009 es que en el modelo productivo las concesiones se localicen en sectores que mejoren su desempeño ambiental.
«Aún hay mucho que trabajar para llegar a una propuesta en materia de relocalización y definición de las mejores áreas. Esto probablemente llevará a disminuir el número de centros existentes, a revisar su tamaño y las condiciones bajo las cuales las empresas puedan regular la cantidad de peces que van a producir», afirman en el ministerio. Precisan que están buscando la información que respalde las diversas hipótesis de trabajo posibles de utilizar, teniendo claro aspectos como el cuidado del ambiente, respeto al resto de los usuarios y sus derechos, y la estabilidad de la industria.
«La situación sanitaria ha mejorado, el virus ISA está bajo control, pero no hay que relajarse. Otras amenazas sanitarias, como el SRS y el cáligus, siguen afectando la producción y la competitividad. Es una industria de gran dinamismo que nos obliga a estar atentos y dispuestos a buscar soluciones que le den estabilidad y promuevan el desarrollo en las regiones en las que se ubica», reconocen en la cartera. Pero aclaran que entre las medidas que analizan no está prorrogar el plazo de las relocalizaciones.
En carpeta sí está encontrar nuevas Áreas Aptas para Acuicultura. Súnico aclaró que hace un tiempo realizan estudios técnicos y oceanográficos en búsqueda de sitios que cumplan los estándares para garantizar una buena performance sanitaria y ambiental, considerando distancia, ventilación, profundidad y corrientes, entre otros. «Es un trabajo que requiere coordinación y planificación y que iniciamos con los gobiernos regionales de Aysén y Magallanes. En Aysén ingresamos una propuesta de 41 nuevos sitios de cultivo para relocalización de concesiones, que esperamos sea pronto aprobada por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero», relató.
Los nuevos sitios, agregó, permitirán mejorar el desempeño sanitario de la industria -en casos en que se busquen lugares con mejores condiciones oceanográficas- y resolver las dificultades de ordenamiento territorial generadas por problemas de cartografía y otros factores, «lo que finalmente redunda en una mejor competitividad del sector».
Además, Pesca y Acuicultura trabaja desde 2014 en una modificación al Reglamento Sanitario de Acuicultura (creado en 2001) para destrabar procesos que quedaron amarrados y sin un sentido claro en la actual regulación, como, por ejemplo, exigencias de control en el centro de cultivo que terminan multiplicando los esfuerzos de la industria en aplicar procedimientos que «hoy parecen excesivos y encarecen innecesariamente el costo de fiscalización», acotó.
«Son ‘lomos de toros’ identificados antes del actual escenario. La eliminación o reestructuración de estos permitirá un mejor desempeño administrativo y productivo, sin arriesgar el patrimonio ambiental y sanitario. Presentaremos las modificaciones a la Comisión Nacional de Acuicultura (CNA)», adelantó Súnico.
Se trata de cambios en distintos niveles de la cadena de valor (agua dulce, engorda y certificación, entre otros), «exigencias que no aportan a mejorar el desempeño sanitario, por lo que estamos en condición de poder revisarlas y eliminarlas cuando corresponda», añadió la autoridad sectorial.
La reunión con la CNA sería la primera quincena de septiembre y esperan que en este semestre se apruebe el cambio regulatorio.