Con el fin de velar por la sustentabilidad de la actividad pesquera y acuícola; así como la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, un grupo de senadores y senadoras, encabezados por los presidentes de las Comisiones de Salud, Medio Ambiente y Pesca hicieron un llamado a declarar el sector de la comuna de Higuera en la región de Coquimbo como un área marina protegida.
Los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca respectivamente, junto a la senadora de la región de Coquimbo, Adriana Muñoz, anunciaron que se encuentran alertas ante el avance del proyecto minero portuario de Dominga y presentarán un recurso de protección para impedir esta construcción que, a su juicio, en ninguna parte del mundo se permitiría menos aun considerando el contexto del cambio climático.
Junto a especialistas como Rubén Araya, científico y decano de la Universidad de Antofagasta; Liesbeth Van Der Meer, presidenta de Oceana Chile; Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable; Nancy Duman y Óscar Avilez, representantes de la Alianza de Humboldt, señalaron que el “proyecto es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta a pesar de la oposición de Conaf, cuyos argumentos no fueron considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que son los mismos por los que fue rechazado en 2017”.
El senador Girardi explicó que “la lamentable decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de revivir el proyecto pone en tela de juicio el rol que va a tener esa institución en el país”.
El director nacional de Greenpeace Chile, Matías Asun, coincidió con la postura de los parlamentarios y dirigentes ambientales y en entrevista concedida a “Senado Conecta” de TV Senado, afirmó “no le veo ganancia a esto”.
Asimismo, criticó la forma en que el proyecto minero Dominga fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo. “Se cumple rapidito y a la carrera, con la charada de una evaluación ambiental que solo beneficia a un grupo de personas que ha estado condenadas y que hasta el día de hoy están condenadas por escándalos de corrupción”, expresó en entrevista con Senado Conecta.
El representante de Greenpeace en nuestro país indicó que “sistemáticamente han ocurrido presiones económicas para aprobar este proyecto, que es ambientalmente nefasto”.
Respecto de los motivos para oponerse, Matías Asun aclaró que “estamos hablando de un rajo abierto con tronaduras, de la intervención sustantiva del borde costero, de una operación de desalinización y de tranques de relave. Por lo tanto, los impactos que no están debidamente medidos hacen de esto una situación vergonzosa para los compromisos climáticos que tenemos como país”.
Fotografía: Alianza Humboldt