Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 570 que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promover planes y políticas de gestión directa de obras en la Carretera Austral (Ruta CH-7).
La solicitud fue presentada a la Cámara por los diputados UDI David Sandoval, Javier Hernández, Romilio Gutiérrez, Gustavo Hasbún, Patricio Melero, Andrea Molina, Javier Macaya e Iván Norambuena, además de los DC Patricio Vallespín y Marcelo Chávez.
Según expresaron los legisladores en el documento, la necesidad de dotar a nuestro país de una conectividad absoluta es fundamental para la promoción económica de pequeñas comunidades, actualmente aisladas o de difícil acceso y también para nuestra política estratégica y geopolítica.
«En esos ámbitos, la incorporación de una modernización en la infraestructura de nuestro sur y extremo sur ha constituido el pivote indispensable para el desarrollo económico y social de miles de chilenos que desarrollan su vida y costumbre en estos alejados lugares de nuestra hermosa geografía», afirmaron.
De igual manera, según lo publicado en el sitio electrónico de la Cámara Baja, manifestaron que los sucesivos gobiernos de Chile han mirado con especial interés la conectividad austral de nuestro país y actualmente los organismos gubernamentales desarrollan un plan de conectividad austral, denominado «Proyecto Ruta 7», tendiente entre otros alcances a mejorar la conexión entre las localidades de Coyhaique (Región de Aysén) y Puerto Montt (Región de Los Lagos), mediante la utilización de tres trasbordos y cuyo objetivo específico es la realización de los estudios para la construcción de la Ruta 7 entre Pichanco y Caleta Gonzalo, dejando, asimismo, expropiada la franja donde quedaría emplazado el camino con una longitud de 81 kilómetros y cuya inversión se estima en casi $8.000 millones.
Agregaron que lo anterior se enmarca en la Red Nacional Caminera y en donde junto con la realización de mayores obras se persigue, además, incrementar los trabajos de mantención de las rutas establecidas en la zona austral.
Bajo este orden de cosas, resaltaron que la importancia de contar con una red caminera consolidada, que le otorgue a los chilenos prosperidad y seguridad, constituye un imperativo nacional que requiere de políticas públicas conducentes para que en el menor tiempo posible se consoliden las obras en esta zona de nuestro país.
«Nos encontramos contestes en torno a establecer mecanismos dúctiles y eficaces para la consecución de los proyectos de inversión en obras públicas, particularmente, los pertenecientes a nuestro extremo sur, promoviendo una acción directa del Estado en la gestión de las obras públicas», acotaron.
Finalmente, recalcaron que, lo indicado guarda plena consonancia con el espíritu de la ley de concesiones de obras públicas, en el sentido de que el Estado se haga cargo de realizar y financiar las obras públicas que los particulares no están dispuestos a realizar, generándose con ello un efecto positivo, liberando a las zonas y regiones adyacentes para el mejoramiento de las redes internas que ascienden a más de 100 kilómetros cuadrados.