(Pulso) La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició acciones concretas luego del fallido acuerdo de la venta del control de la salmonicultora Invermar a Empresas AquaChile, ligada a las familias Puchi y Fischer, lo que dejó en una compleja situación a la empresa de los hermanos Alberto y Mario Montanari.
En concreto, y por medio de un oficio, la SVS solicitó a Invermar entregar más antecedentes sobre su proceso de venta y situación financiera. El regulador ordenó conocer los planes de acción contemplados por la compañía, ante la no concreción de la operación de venta indicada. Además «de qué manera su situación financiera se ve afectada ante el escenario anterior», solicitó la SVS.
Por otra parte, en su último reporte financiero a septiembre de 2014, la compañía precisó que ha solicitado formalmente a los bancos acreedores las prórrogas de las cuotas de capital adeudadas al 5 de enero de 2015.
Frente a esto último, la SVS solicitó informar el monto de las cuotas que está solicitando prorrogar. Además de explicar el estado actual de las negociaciones con los bancos acreedores.
De igual manera, deberá proporcionar cualquier otro antecedente que considere relevante para una mejor comprensión de esta información.
Además, la superintendencia solicitó a la compañía que «deberá informar oportunamente a este servicio cualquier avance de negociación que se pueda materializar».
Al cierre de esta edición, el gerente general de Invermar, Heinrich Strelow, aún no respondía a la solicitud firmada por la intendente de supervisión del mercado de valores (s), Lucía Canales.
No obstante, el oficio enviado por el regulador no es el único al que debe dar respuesta la compañía que mantiene deudas por más US$197 millones.
De hecho, Invermar debe entregar un catastro de deudas impagas con sus proveedores. Esto luego que Pulso publicara el pasado miércoles 24 de diciembre que la compañía enfrentaba una nueva demanda de un proveedor. Se trata de Naviera Aysén, la que interpuso un requerimiento en contra de la compañía por deudas que suman $3,8 millones.
Sin embargo, la disputa judicial que está surgiendo desde tribunales en el sur del país viene a ser un nuevo obstáculo para Invermar en el proceso de normalización que busca hace ya varios meses.
Hace unas semanas, y en pleno proceso de venta a Empresas AquaChile, el que luego fracasó, Invermar debió cancelar $147 millones a una compañía de redes acuícolas que había solicitado directamente la quiebra de la salmonicultora. El proceso terminó con la intervención del equipo jurídico de Barros & Errázuriz, que solicitó directamente al abogado Julio Estuardo poner fin al intento de solicitud de quiebra de Invermar.
De haberse concretado la quiebra se había paralizado con anterioridad el ingreso de AquaChile a la salmonicultora de los hermanos Montanari.
Compleja situación
Tras fracasar la operación de venta, las acciones de Invermar se desplomaron. En el año, los papeles acumulan una caída de 40%. De manera extraoficial, conocedores de las tratativas explicaron que la complejidad del convenio establecido entre las partes, y pese a que si bien en primera instancia todo había sido ratificado por la banca acreedora, esta vez los bancos hicieron ver sus reparos a la transacción, lo que hizo que esta se hiciera inviable.
La actual situación puso en jaque a Invermar. Los pasivos de la compañía rozan los US$200 millones y la caja, considerando la información al cierre del tercer trimestre de este año, alcanza los US$1,2 millones. Invermar enfrenta una compleja situación debido a la fuerte alza en los costos de producción, derivado de los cambios normativos tras la crisis del virus ISA.