La norma propuesta establece causales de caducidad de las autorizaciones, permisos y licencias transables de pesca, cuando estos aparatados sean desconectados.

El legislador por la Región de Aysén puntualizó en la «urgente necesidad de cambiar la forma cómo se desarrolla la actividad, considerando que después de la minería la pesca es el principal sector económico a nivel nacional».

El congresista espera que se pongan en marcha los compromisos que se acordaron, pues recalcó que la flota pesquera regional no tiene la capacidad operativa para hacerse cargo.

El congresista adujo que en dicha área se ubican los parques nacionales Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins, y la reserva nacional Katalalixar.

La actual normativa considera naves dedicadas fundamentalmente a la pesca, pero no a las que prestan estos servicios ligados al cultivo de especies hidrobiológicas.

El legislador subrayó que muchas productoras de salmónidos que contratan trabajadores sin residencia en la Región de Aysén, están siendo beneficiadas con el Decreto de Ley 889.

Sectores como acuicultura y construcción son vistos por la colectividad como las principales amenazas al crecimiento económico y emplazaron a las autoridades de Gobierno a no seguir en «inercia».