Ley N° 20.416
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Despachan proyecto que busca entregar mayor protección a las pymes
La propuesta enviada ahora al Senado viene a enmendar la Ley de ago a 30 días, en lo principal, para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de las facturas.
Destacan que guías de despacho puedan ser manuales para la pesca artesanal
"Esta excepción a la Ley de Pago a 30 días beneficiará a más de 100 mil contribuyentes de la región", asegura el seremi de Economía en Los Lagos.
A punto de ser ley: Pescadores artesanales no estarán obligados a emitir guías de despacho online
Responde a la realidad de miles de pymes que no pueden cumplir con este requisito considerando que no cuentan con WiFi o internet en los lugares donde comercializan sus productos.
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A su vez, se estableció la urgencia por implementar planes de alfabetización digital que permitan eliminar las barreras para avanzar hacia una facturación electrónica.
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En tercer trámite, la Cámara de Diputados no respaldó un artículo incluido por el Senado que estipula que el Servicio de Impuestos Internos establezca márgenes de diferencia entre precio y peso de guías y facturas.
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Con 32 votos a favor y dos abstenciones, la iniciativa fue respaldada gracias a la cual la pesca y la agricultura podrán seguir emitiendo guías de despacho tradicionales ante la carencia de conectividad.
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La propuesta, derivada ahora al Senado, viene a flexibilizar para este sector –junto con el agropecuario– una norma definida en el contexto de la ley que establece el pago de las facturas a 30 días, que excluyó el formato papel y dejó como única vía la electrónica.
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El objetivo es que las empresas que le compran bienes o servicios a las pymes, les cancelen en un plazo máximo de 30 días.
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La iniciativa, enviada ahora a tercer trámite al Senado, fue aprobada tras varias votaciones que apoyaron algunas de las propuestas del Ejecutivo, pero que también restituyeron disposiciones planteadas por la Cámara Alta, como es la definición de un marco compensatorio para los infractores.
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La recurrente estimó haberse infringido la igualdad ante la ley y la no discriminación del Estado y sus organismos en materia económica.
