Recogiendo opiniones de actores vinculados, se encuentran los integrantes de la Comisión de Economía del Senado, en el marco del estudio del proyecto que modifica la Ley N°20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (pymes).
La norma, más conocida como «pronto pago a las pymes», se encuentra en tercer trámite, por lo que los congresistas están analizando los cambios realizados por la Cámara Baja y ampliando visiones respecto a estas modificaciones con asociaciones relacionadas, destacó el sitio electrónico de la Cámara Alta.
En ese marco, en la última sesión, la Comisión escuchó a representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y de la Confederación 
Nacional Unida de la Micro y Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios (Conupia).
¿Comisión mixta?
La presidenta de la instancia, senadora Ximena Rincón, explicó que «hay varios temas pendientes, pero quizás el más importantes es cómo resolver la situación de las pymes que no pueden vivir de darles crédito a un tercero. No tienen porqué asumir la realidad de quienes les compran. No es justo esperar tres años o más para que les cancelen por el servicio o bien prestado».
«En las dos próximas semanas vamos a tener que resolver si vamos a comisión mixta o respaldamos los cambios del segundo trámite. Vamos a escuchar en los próximos días al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien no ha sido escuchado en toda la tramitación. Luego de ello esperamos votar, a lo más tardar el 10 de octubre», describió.
La legisladora aventuró que «lo más probable es que se deba ir a comisión mixta para resolver las discrepancias en cuanto a dos o tres puntos. Pienso que tendrán que ver con los plazos, particularmente cuánto se demorará el Estado, las municipalidades en cancelar aquello que deben a las pymes».
Por su parte, el senador Rodrigo Galilea recordó que en una sesión previa escucharon al ministro de Economía, José Ramón Valente; a un representante de la Dirección de Presupuestos (Dipres); y a otro de la Asociación de Municipalidades. «Esto es complejo para el sector público. Recordemos que el sector salud está sobre-ejecutando su presupuesto. Es muy difícil que ellos puedan pagar a 30 días. Se cree que en 36 meses esto podría entrar en régimen. Lo mismo ocurre en el sector municipal», declaró.
El congresista coincidió con su par respecto a que la norma debería ir a comisión mixta, particularmente por el plazo de adecuación que deberá establecerse para el sector público. «La Dipres nos reconocía si esto hoy fuera ley, esto significaría regularizar el pago de 50 millones de dólares anuales en intereses solamente. Si la decisión ahora es dar a este sector 36 meses de plazo, sí se debería llegar a una instancia mixta», hizo ver.
«No es posible pagar en 30 días»
El secretario ejecutivo de la AChM, Iván Borcoski, admitió que cuando se trata de flujos externos asociados a ingresos que no dependen de la gestión del municipio y están asociados a proyectos, convenios, sujetos a remesas de instituciones externas, como ministerios, gobiernos regionales, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), entre otros, no es posible pagar a 30 días.
«En estos casos, los flujos no están garantizados y dependen de los tiempos propios de esas instituciones, por tanto, se da frecuentemente que los fondos tardan meses en llegar. También las remesas están condicionadas a procesos de rendiciones y revisión cuyas etapas o reparos implican la devolución de documentos con nuevas exigencias de cumplimiento, luego, las facturas quedan en espera. Asimismo, muchas veces para el inicio de proyectos, los primeros pagos del personal o de gastos se hacen con fondos propios municipales, quedándose a la espera de llegada de fondos provenientes de los convenios y/o proyectos», describió.
La AChM aclaró que «tratándose de recursos provenientes de otras entidades del Estado, a causa de un convenio con el municipio, el pago oportuno, y los plazos deben ser contados a partir del momento en que los recursos transferidos de dichos ministerios y servicios, se hacen efectivos en las cuentas municipales. Por mucha voluntad que exista por parte de los municipios, si no existe disponibilidad (flujos) de recursos, se hace imposible cumplir con compromisos de pagos oportunos sin correr el riesgo de vulnerar otras normas de responsabilidad administrativa – financiera».
«Hemos sido abusados»
Por su parte, el presidente de la Conupia, Roberto Rojas, manifestó que «tanto las empresas de gran tamaño como el Estado, se han beneficiado al no pagar oportunamente nuestras ventas de productos y servicios utilizando como fuente de financiamiento nuestro exiguo capital de trabajo. Este accionar tan recurrente en el tiempo, ha provocado no solo quiebras sino que deudas que al no poder ser resueltas favorablemente han mandado a la informalidad a miles de micros, pequeños y medianos empresarios».
El dirigente dejó en claro que «este abuso se ha transformado en un problema de carácter social que involucra, salarios, impuestos, leyes sociales, capital de trabajo y por ultimo las utilidades de los empresarios del sector. ¡Esto no se puede seguir perpetuando en el tiempo!», enfatizó.
Rojas recordó que «somos un sector de la economía que, sumadas micros y pequeñas, representan el 95,26% de las empresas en Chile y si le agregamos las medianas, se llega al 98,46% con una participación de tan solo 14,96% de las ventas, con un aporte al empleo del 42% de los trabajadores con contrato que significan 3.757.433 trabajadores, de acuerdo con cifras del año 2016».
La Conupia denunció que «se han producido alteraciones en el proceso de discusión pre legislativa. Nos parece extraño, la formación por parte del gobierno, de una mesa de trabajo de carácter excluyente, sacando la discusión del organismo institucional pertinente que es el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, organismo en el cual están representados como miembros titulares diferentes reparticiones del Estado vinculadas al tema y los gremios más representativos del sector».
En concreto, la Confederación solicitó a la Comisión:
– Se apruebe que «el plazo máximo del pago a 30 días, no debe superar un año desde la puesta en vigencia de la ley». La Cámara aprobó 24 meses.
– Para el caso de la salud, proponen mantener el actual plazo que son 45 días y llegar a 30 días al año o 18 meses de puesta en vigencia la ley. La indicación elaborada por el gobierno y asumida por la Cámara es de 36 meses, en contra posición con el Senado que propuso 24 meses.
– Solicitan que el comprador que no pague a los proveedores pymes, a parte de los intereses estipulados, deba pagar una multa en beneficio del Estado, tal cual se hace en el ámbito laboral.