Dirigentes de los gremios pesqueros que reúnen a tripulantes de naves especiales, de plantas de proceso, oficiales y capitanes de pesca y oficiales motoristas de naves –quienes recientemente sostuvieron una reunión para revisar sus actuales condiciones en una nueva conmemoración del Día del Trabajador– acusaron una creciente inseguridad social en el caso de quienes se desempeñan en el rubro en la Región del Biobío.
Hugo Roa (presidente de los tripulantes), Juana Silva (presidenta de los trabajadores de plantas de proceso), Juan Carlos González (presidente de los capitanes) y Eric Riffo (presidente de los motoristas), plantearon que “los empleos formales se han transformado en informales, avanzando hacia la precarización del trabajo en nuestro sector. Si antes teníamos un 90% de empleos formales, con contrato indefinido, y un 10% de trabajadores eventuales o con contrato a plazo fijo, hoy la situación es completamente distinta: un 60% a 70% de trabajadores está con plazo fijo y aproximadamente un 30% con contrato indefinido”.
Lo anterior, según los dirigentes, es un reflejo del bajo número de jornadas que están trabajando. Los operarios de plantas de harina de pescado tendrían, al 29 de abril de 2015, 20 días de trabajo efectivo; en las plantas de consumo humano no se superarían los 150 días de labor; la flota cerquera del jurel, en tanto, trabaja 150 días al año, mientras que la demersal arrastrera 120 días entre su operación sobre jibia y merluza. Cabe destacar que de estos trabajadores dependen cinco mil familias.
Explicaron que entre las razones o causas de la situación descrita están las bajas cuotas de pesca, además del traspaso de dichas cuotas, porque en el caso de la sardina y anchoveta, si bien el sector industrial tiene un 22% de la cuota, casi el 70% a 80% de ella se traspasaría al sector artesanal.
También contribuiría el hecho de que los planes de mitigación social “no satisfacen a quienes son afectados por la contingencia que se arrastra desde hace una década. Además, los Comités de Manejo no están completamente constituidos y no han generado los planes de mitigación social que les permite la ley frente a bajas cuotas y colapso de las pesquerías”. Subrayaron que la mitigación social debe ser una solución integral, considerando la edad de los trabajadores y su antigüedad en el sector.
Acuerdo con la FAO
Respecto de la evaluación de la ley de pesca que encargó el actual Gobierno a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), los dirigentes comentaron que “como trabajadores, vemos que todo esto es un muy mal escenario, un mal futuro”.
La preocupación radica en que “la autoridad no reacciona y toma decisiones como la de firma de un memorándum de entendimiento con laFAO, para que este organismo internacional realice la evaluación de la Ley de Pesca aprobada en 2012. Esto es casi como dejar que la FAO intermedie en la discusión del cuerpo legal; eso para nosotros eso es súper peligroso”.
En el análisis de los trabajadores de la pesca, esta decisión desnuda la incapacidad de la institucionalidad pesquera frente a una problemática que se ha generado por una administración de carácter política y no técnica-científica, generando crisis como la del jurel en los 90´, la de la merluza en 2000 y la actual de la sardina/anchoveta.
Valorando la importancia de la FAO como organismo internacional, los dirigentes consideran, de todas maneras, riesgoso dejar que intervenga en un tema que es interno. “Es una estrategia para ganar tiempo, porque esta entidad tardará en la evaluación, en circunstancias de que la crisis pesquera afecta al 100% de los trabajadores ahora, no en ocho meses más, que es lo que tardará la evaluación y que probablemente se prolongará más”, dijeron.
En este contexto, consideran válido recordar que los trabajadores han señalado en forma constante la necesidad de que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aborde la problemática pesquera en forma integral, como institución. Denunciaron también la falta de un Ministerio del Mar que aborde integralmente la administración de los recursos marinos en un país como Chile, donde el territorio marítimo es más amplio que el terrestre.
Opinaron también que si la estrategia es someter la Ley de Pesca a un organismo internacional, ello les da autoridad para opinar que temas tan relevantes como el Código del Trabajo sea revisado, por ejemplo, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o que el sistema previsional sea comparado con los de países escandinavos o de la Comunidad Europea. “No podemos perder autonomía en política pesquera interna”, concluyeron los representantes de los trabajadores.