(Pulso) La Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) salió en defensa de la denominada «Ley Longueira», como se le conoce a la normativa que regula el negocio pesquero, y que fue aprobada por el Congreso el año 2012.
Esto, a raíz de los cuestionamientos recibidos por la iniciativa, luego que se conociera la declaración que realizó ante la Fiscalía el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en donde detalló que la empresa -una de las mayores de la industria pesquera- realizó pagos al senador UDI Jaime Orpis, mientras en el Senado se discutía la mencionada Ley de Pesca.
Según relató un artículo publicado en La Tercera, en su declaración ante el fiscal Mujica habría sostenido que en 2010 el senador le habría planteado que poseía un déficit económico producto de la campaña electoral, por lo que le habría solicitado ayuda para pagar esas deudas. Y, según afirmó el ex representante de Corpesca, fue el propio Orpis quien le habría propuesto respaldar la entrega de esos fondos con boletas de terceros y mediante informes relacionados con el consumo de drogas. Mujica dijo al fiscal que efectivamente llegaron algunos informes, pero que la empresa no los necesitaba.
A raíz de esta situación, algunos políticos han manifestado la necesidad de revisar la Ley de Pesca. Incluso, el diputado PC Hugo Gutiérrez dijo a La Segunda que «en el caso de la Ley de Pesca le corresponde al Poder Legislativo anular esta legislación».
Respecto de este punto, el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, argumentó que la ley es «legítima, aprobada democráticamente luego de un extenso debate en el Congreso y ratificada por el Tribunal Constitucional; pro conservación: establece la administración de los recursos debe hacerse en base a la opinión científica; y favorece al sector artesanal en las cuotas: hoy tienen el 56% de las pesquerías a nivel nacional».
De igual manera, Moncada adujo que «las leyes aprobadas por el Congreso deben ser respetadas; si alguna presunta irregularidad afecta a un par de congresistas -lo que en todo caso debe ser constatado conforme a sentencia de los tribunales- se deben aplicar las sanciones que la ley establece. Derogar una ley por tal razón es algo improcedente, ya que sería presumir que la mayoría de los diputados y senadores habrían votado inducidos por financiamiento, lo que es agraviante para nuestro país y sus instituciones. Ninguna ley económica podría quedar libre de sospecha, en tal caso», sentenció el timonel de la Asociación de Industriales Pesqueros.