“La pesca ilegal es un desafío global para la actividad pesquera en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. Por ello, todos los actores, sin excepción, debemos condenar y denunciar este grave delito contra la sustentabilidad de los recursos y que daña profundamente el trabajo de miles de pescadores”, dijo la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, Macarena Cepeda Godoy, al valorar la presentación de la “Red de Fiscalización para la Sustentabilidad de la Pesca y la Acuicultura” liderada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Según explicó la directora de este organismo público, Alicia Gallardo Lagno, esta iniciativa tiene por objeto coordinar las acciones de control y vigilancia de los diversos organismos que controlan las actividades pesqueras y de acuicultura en sus distintos ámbitos a lo largo de toda la cadena de valor.
“Nosotros, desde la pesca industrial, felicitamos esta decisión y quedamos disponibles para aportar en lo que la autoridad nos solicite en esta materia, pues hemos venido señalando con fuerza hace mucho tiempo respecto de la necesidad urgente de resolver un problema grave que afecta la sustentabilidad de muchos recursos pesqueros producto, entre otros factores, de la pesca ilegal”, dijo Macarena Cepeda.
La presidenta de Asipes explicó que la situación de la pesca ilegal es grave y por ello es valorable la labor de los funcionarios del Sernapesca que trabajan arduamente a lo largo de toda la costa de Chile y en las cadenas de distribución, para intentar combatir este delito.
La situación que mejor ejemplifica este grave problema es lo que ocurre con la merluza común o “Pescada”. Estudios de universidades y centros de investigación han denunciado que, entre las regiones del Biobío, Maule, O’Higgins y Valparaíso, sectores de la pesca artesanal extraen cinco veces más que la cuota autorizada. Es decir, sólo una de cada cinco merluzas que se comercializan en ferias, mercados o terminales pesqueros en Chile es legal y por ende sostenible, explicó Macarena Cepeda.
También valoró la investigación judicial que ha comenzado a desarrollar la Fiscalía Nacional para perseguir penalmente a las bandas organizadas que se dedican a este ilícito. “Esto atiende la desesperación de muchos pescadores ante el robo de sus recursos pesqueros y la destrucción de los precios de sus capturas producto de este mercado negro”, manifestó.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada amenaza el manejo sostenible de los recursos marinos, poniendo en riesgo la vida de los ecosistemas y el sustento de los pescadores y sus comunidades en países en desarrollo. Esta práctica representa aproximadamente el 20% de los peces que se capturan anualmente y causa pérdidas hasta de 23.000 millones de dólares al año en el mundo”.
Fotografía: Asipes